Bajo el disfraz de una iniciativa ambiental funcionaba una red de corrupción que logró robar más de 6.800 millones de pesos destinados al manejo de residuos en Boyacá. La Fiscalía General desarticuló lo que llamó el "Cartel del Reciclaje", una organización que operaba con una estructura criminal sofisticada pero con una crueldad particular: usaba a habitantes de calle y mujeres cabezas de hogar registradas en el Sisbén para simular legitimidad empresarial.

El esquema funcionaba así: los delincuentes creaban empresas de reciclaje completamente falsas y presentaban facturas apócrifas por servicios que nunca realizaban. Pero no se quedaba ahí. Para que todo luciera legal, inscribían a personas en extrema vulnerabilidad como socias o representantes legales. Una de ellas era una mujer habitante de calle. "Estas personas no tenían injerencia real en los negocios. Solo prestaban su nombre para simular una estructura empresarial que no existía", explicó una fuente del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación).

Con esa pantalla de ficticia legalidad, la red cobraba subsidios millonarios por conceptos como Estaciones Clasificadoras de Aprovechamiento (ECA), infraestructuras de procesamiento de basura que simplemente no existían. Los camiones de recolección permanecían parqueados, las bodegas estaban vacías, pero los dineros públicos llegaban como si todo funcionara perfectamente.

La investigación de la Superintendencia de Servicios Públicos logró identificar y capturar a cinco implicados en el fraude, entre testaferras y quienes manejaban la facturación falsa. Ahora la Fiscalía escudriña si hubo cómplices dentro de la misma Superintendencia y en las empresas públicas que validaron los pagos sin verificar que nada de eso existía. Los acusados enfrentan cargos por concierto para delinquir, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito.