Un hallazgo preocupante salió a la luz esta semana: la Contraloría General de la Nación reveló que desaparecieron casi 70 mil millones de pesos de un programa de becas de maestría y doctorado que fue aprobado hace más de una década para el Magdalena y el Chocó. El dinero provenía del Sistema General de Regalías, recursos que deberían haber llegado directamente a fortalecer la educación en estas regiones.

Lo más grave es que nadie puede explicar adónde fue el dinero. Según el informe de auditoría, ni las universidades, ni las gobernaciones departamentales, ni siquiera el gobierno nacional tienen documentos que prueben quiénes fueron los beneficiarios o si alguno de ellos llegó a terminar sus estudios. Es como si el dinero se hubiera esfumado en el aire.

En el Magdalena, el programa tenía un presupuesto de más de 29 mil millones de pesos. Aunque en los papeles aparece un avance financiero del 80%, no existen informes técnicos o mensuales que justifiquen cómo se gastó ese dinero. En el Chocó la situación es todavía más crítica: falta documentación sobre si los supuestos graduados completaron su formación, y desaparecieron los registros académicos que deberían comprobar su trabajo de grado.

Ante estos cuestionamientos, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación salió a responder que, según las reglas que existían en ese momento, la responsabilidad de vigilar el programa recaía únicamente en los departamentos y las universidades ejecutoras, no en el ministerio. Con esto, el MinCiencias intenta desmarcarse de un problema que ahora es investigado por la justicia penal.

Los auditores fueron claros: catalogaron los controles internos como "inadecuados" y señalaron que nadie aplicó los procedimientos de seguimiento formal a estos recursos de regalías. Esa falta de vigilancia es precisamente lo que permitió que el dinero destinado a la educación de las regiones más vulnerables del país se perdiera sin dejar huella.

Ahora la Contraloría trasladó todos sus hallazgos a la Fiscalía y la Procuraduría para que investiguen criminalmente quién fue responsable de que millones de pesos para educación terminaran sin rendición de cuentas. La pregunta que queda en el aire es una sola: ¿dónde está ese dinero?