Bogotá enfrenta una nueva alarma en materia de seguridad: 393 armas de fuego desaparecieron de tres empresas de vigilancia privada. Según reportó El Tiempo, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tomó la decisión de suspender inmediatamente las licencias de Águila de Oro, Helam y Lacris Seguridad tras descubrir el desfalco de armamento.

Detrás de esta debacle está Elkin David Polanco Pérez, quien fungía como coordinador de archivos compartido entre las tres compañías a través de un acuerdo que, para empezar, no debería haber existido según la normativa colombiana. Este hombre tenía bajo su responsabilidad guardar las armas, verificar su estado, mantenerlas y controlar los registros de salida. El problema: se fue de vacaciones el 31 de diciembre y nunca volvió. Ni respondió llamadas ni atendió los requerimientos de las empresas, dejando un vacío total en el control del arsenal.

Cuando las compañías finalmente intentaron hacer el recuento, la sorpresa fue mayúscula. En Águila de Oro faltaban 275 armas, en Helam 104 y en Lacris apenas 14, sumando un valor aproximado de 550 millones de pesos. Todo salió a la luz en febrero cuando la Supervigilancia realizó una inspección de rutina. Ahora la Fiscalía investiga penalmente lo ocurrido, mientras que el proceso administrativo podría extenderse hasta tres años.

Aunque la Supervigilancia ha suspendido licencias a 31 empresas este período, no todas son por vínculos con criminalidad. Muchas veces responden a inconsistencias administrativas simples: direcciones que no coinciden, fallas en sistemas de control o incumplimiento de trámites. Sin embargo, en este momento la capital está atravesando una crisis de seguridad particularmente aguda, lo que hace estos hallazgos aún más preocupantes.

Este caso se enmarca en un problema mucho más grande que ha ocupado la atención presidencial. El presidente Gustavo Petro reveló hace un año que "hay 62.264 armas del Estado que no se sabe dónde están ni quién las tiene" y acusó directamente a la superintendencia de seguridad privada de seguir "construyendo paramilitarismo". Petro fue enfático al señalar que "siguen siendo armas oficiales las que ingresan a los grupos criminales con sello oficial; y (son) hombres armados con sello oficial de empresas privadas de escoltas (los) que siguen siendo escoltas de los grandes capos del crimen en Colombia".

En 2024 se cancelaron 16 licencias por trámites irregulares, según precisó el mandatario, quien también advirtió que en algunos casos de corrupción participaron "funcionarios nombrados en este Gobierno". En 2025, la Fiscalía destapó lo que se denominó el "cartel de la carnetización": un esquema donde empresas de seguridad privada otorgaban ilegalmente certificados de armas y formación de escoltas a miembros de bandas criminales como El Clan del Golfo. Las investigaciones han involucrado a la Sociedad de Activos Especial y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, dejando al descubierto una vulnerabilidad sistémica en la custodia y control de armamento en manos de particulares.