La desaparición de Ana Libia Guetio ha encendido las alarmas en el Cauca. La candidata de paz, que aspira a representar a la circunscripción Alto Patía-Norte del Cauca en la Cámara Especial para la Paz, perdió contacto con todos después de participar en un acto de campaña en El Tambo. Según reportes, desapareció mientras se dirigía hacia Morales, en un contexto donde persisten estructuras armadas ilegales que amenazan la seguridad de líderes comunitarios.

Guetio es miembro de la Asociación Proteger y representa el hecho victimizante del desplazamiento forzado ante la Mesa Nacional de Víctimas. Es una de 396 candidatos de paz que buscan participar en este proceso electoral especial. Su trayectoria muestra que no tiene antecedentes judiciales, sanciones administrativas ni amenazas documentadas hasta antes de esta situación. Fue elegida representante de víctimas en diciembre de 2021 y desde entonces ha trabajado con poblaciones vulnerables en zonas alejadas del departamento.

Cuando fue designada en la Mesa Nacional de Víctimas, Guetio expresó su compromiso con las comunidades más olvidadas: "Vengo del departamento del Cauca, nací en el municipio de Suárez, vereda La Estrella. Represento a la mujer afro, la mujer campesina, la mujer indígena; soy nasa, nacida en territorio". Además, señaló que su reto era "poder llegar a esos rincones de la población más vulnerable que, por ser tan alejados, muchas veces las instituciones no se acercan a ella".

La lideresa indígena ha participado activamente en espacios de memoria y resiliencia. En 2022, durante un encuentro con 53 representantes de las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas, elaboró un prototipo en plastilina que simbolizaba a su comunidad de Suárez. En ese momento explicó que la pieza representaba "nuestras luchas y resistencias en territorio" y expresó el deseo de que fuera parte del Museo de la Memoria de las Víctimas.

La desaparición de Guetio revela nuevamente la vulnerabilidad que enfrentan los líderes territoriales en el suroccidente colombiano. Autoridades y organizaciones defensoras de derechos humanos han pedido acciones inmediatas para ubicarla. Organizaciones sociales han alertado que este caso refleja riesgos persistentes para quienes trabajan en territorios donde el conflicto armado sigue dejando cicatrices y donde los actores ilegales continúan ejerciendo control.