El panorama de las finanzas departamentales en Colombia presenta una contradicción incómoda: mientras que los gobiernos regionales están mejorando en aspectos administrativos como la planeación presupuestaria y el recaudo, sus problemas estructurales se profundizan. El Índice de Desempeño Fiscal que mide la salud financiera de las regiones cayó de 56,6 puntos en 2023 a 53,5 en 2024, una reducción que refleja presiones fiscales que no cesan pese a los avances gerenciales.

Lo que explica esta paradoja es bastante simple: aunque los departamentos aprendieron a administrar mejor lo que tienen, lo que tienen cada vez alcanza menos. El balance primario (la diferencia entre ingresos y gastos sin contar la deuda) se contrajo fuertemente, la inversión pública creció insuficientemente y el endeudamiento siguió aumentando. Estos indicadores cayeron un total de 4,5 puntos en la calificación general. Algunas áreas sí mejoraron, como la capacidad de cobrar impuestos regionales, pero ese progreso solo compensó parcialmente el deterioro de los indicadores críticos.

El verdadero problema radica en dónde proviene el dinero de las regiones. En 2024, los ingresos departamentales sumaron 49,9 billones de pesos constantes. Pero aquí está lo revelador: casi la mitad de ese dinero llegó como transferencias del gobierno nacional, que crecieron en 21,9%. En cambio, los ingresos propios de los departamentos prácticamente no se movieron, apenas crecieron un 0,01%. Esto significa que mientras el gobierno central sigue siendo la principal fuente de recursos regionales, los gobiernos locales perdieron capacidad de generar su propio dinero. Es como si una familia mejorara cómo gasta lo que recibe como mesada, pero dependiera cada vez más de sus padres en lugar de buscarse un trabajo.

Esta dependencia se refleja en la clasificación final: el 81,2% de los departamentos está catalogado en "Riesgo" fiscal. Solo Casanare logró la categoría de "Solvente", mientras que San Andrés fue clasificado en "Deterioro". De los 32 departamentos del país, cuatro son vulnerables y 26 están en riesgo. La brecha entre los departamentos con mejor desempeño y los más débiles supera los 30 puntos, lo que traduce en desigualdades estructurales profundas en capacidad de inversión y manejo financiero.

El gobierno nacional, a través de Planeación, señala que la solución pasa por tres caminos: primero, diversificar las fuentes tributarias locales para reducir esa dependencia de Bogotá. Segundo, impulsar más inversión pública territorial que genere impacto real en desarrollo local. Y tercero, mejorar la planeación financiera con límites de gasto claros. Esto último se refiere a la Ley 617, que desde el año 2000 establece techos presupuestarios para controlar el gasto regional.

Mientras tanto, la realidad presupuestaria sigue siendo ajustada. En 2024, los departamentos gastaron 52,8 billones de pesos constantes. La mayor parte, 43,5 billones, fue a inversión pública, aunque solo el 9,8% más que el año anterior. El gasto de funcionamiento fue de 7,5 billones y el servicio de la deuda de 1,8 billones. Cuatro departamentos concentran el 74,1% de toda la deuda regional: Antioquia con 2,3 billones, Cundinamarca con 1,3 billones, Atlántico con 1,1 billones y Valle del Cauca con 898 mil millones. Los 28 departamentos restantes apenas tienen el 25,9% restante.