En Usaquén sucedió una escena que encendió las redes sociales. Una mujer gritaba desde la calle que un hombre estaba abusando de un niño de 7 años en el balcón de un apartamento del tercer piso. Los transeúntes que vieron la escena también levantaron la mirada y les pareció ver movimientos extraños. El estadounidense de Texas, confundido por los gritos y las señas, entró al apartamento y cerró la puerta. Horas después, salió esposado mientras una multitud enfurecida intentaba lincharlo.

El video de lo sucedido se propagó por redes sociales a millones de usuarios, entre ellos el presidente Gustavo Petro, quien sin esperar investigaciones ni veredictos de Medicina Legal calificó al hombre como "pedófilo estadounidense" y escribió que esto evidenciaba "doble moral y manipulación del electorado". Luego eliminó su publicación cuando quedó confirmado que no hubo ningún acto sexual violento.

La situación ilustra una tensión difícil en la sociedad colombiana. Los casos de abuso infantil generan una rabia legítima en la ciudadanía, agravada por la desconfianza en las instituciones y la percepción de impunidad. Pero esa rabia no siempre conduce a justicia, sino a violencia sin investigación. Para orientarse en estos casos complejos, EL COLOMBIANO conversó con Diego Armando Heredia Quintana, psicólogo clínico, jurídico y forense.

Lo primero, según el experto, es no hacer justicia por mano propia. "Cuando se conoce un caso de presunto abuso sexual o se tiene algún tipo de sospecha, idealmente, la primera acción que se debe realizar es informar a las autoridades competentes (línea 123). Como ciudadanía, y dada la sensibilidad que existe alrededor de este tipo de casos, no resulta prudente agredir al presunto agresor, pues esto podría generar implicaciones penales para las personas que intervengan en el hecho". Grabar está permitido, pero compartir sin verificar puede traer problemas legales. Las altas cortes han avalado que las víctimas compartan videos en redes, pero los ciudadanos que no estamos directamente involucrados debemos ser cautelosos. "Hay que tener en cuenta que grabar no es difamar. Sin embargo, sí debemos actuar con cautela, porque los derechos que respaldan a las víctimas frente a las publicaciones que pueden realizar en redes sociales no necesariamente son los mismos que tenemos los ciudadanos como terceros ajenos a estos procesos".

Lo ideal es remitir la evidencia a la Fiscalía para que sea incorporada en la investigación formal. Una vez en manos de las autoridades, el aparato judicial activa protocolos rigurosos: obtiene testimonios de menores, realiza evaluaciones de expertos forenses en sexología, psicología y psiquiatría. Todo eso le permite a la Fiscalía establecer si hubo o no una conducta delictiva. Heredia enfatiza que "informar no es necesariamente denunciar, y denunciar no implica una condena. Pero ninguna sospecha debe ser minimizada cuando se trata de la protección de niños, niñas y adolescentes". La protección de menores es responsabilidad de toda la sociedad, pero debe ejercerse dentro de los marcos de la ley.