En el municipio de Simití, al sur de Bolívar, una familia vive en la angustia de ver cómo presuntas trabas administrativas podrían interrumpir el tratamiento médico de su hijo de siete años. La Veeduría en Salud Color Esperanza y el medio Las Noticias Cartagena denunciaron públicamente que una funcionaria de la EPS Mutual Ser estaría negando la autorización de viáticos para que el menor asista a una cita médica especializada programada para el 25 de mayo en Cartagena, ciudad donde debe recibir su atención por orden de un juzgado.

El motivo de la negativa, según los familiares, sería que el niño se encuentra en proceso de cambio de documento. Pasó de tener registro civil a estar tramitando su tarjeta de identidad ante la Registraduría. La funcionaria habría argumentado que la contraseña provisional no tiene validez y que el menor debe esperar varios meses a que llegue el documento físico definitivo. Sin embargo, esto contradice lo que la propia Registraduría confirmó a la veeduría: "Un menor puede desplazarse con su madre portando el registro civil y la contraseña expedida por la Registraduría, sin que exista impedimento para su identificación". La entidad fue clara en que ese comprobante temporal es un mecanismo válido de identificación mientras se entrega el documento oficial.

Lo más preocupante es que el menor cuenta con protección judicial. Una acción de tutela ordena garantizarle atención médica especializada, y cualquier obstáculo que impida cumplir esa orden representa una vulneración seria de su derecho fundamental a la salud. La veeduría cuestionó que se estén creando barreras administrativas que desconocen la normatividad vigente y afectan el acceso oportuno a servicios de salud, especialmente siendo un menor amparado por decisión de un juez.

Pero esta no es la primera vez que esta funcionaria genera señalamientos. Según usuarios del municipio, habría estado involucrada en presuntas demoras o negativas reiteradas relacionadas con viáticos de transporte, alojamiento, alimentación, asignación de citas médicas y autorizaciones de procedimientos diagnósticos. Por eso, la Veeduría en Salud Color Esperanza hizo un llamado urgente a la gerencia nacional de Mutual Ser para que revise la actuación de sus funcionarios en el territorio y garantice el cumplimiento de las decisiones judiciales. También pidió a la Secretaría de Salud de Simití que investigue las quejas contra esta funcionaria.

La veeduría se cuestionó públicamente: "¿A qué se está jugando con los usuarios del municipio de Simití y del sur de Bolívar? ¿Estas actuaciones obedecen a decisiones individuales o a directrices superiores que estarían generando barreras en la atención?" La denuncia busca visibilizar las dificultades que enfrentan numerosos usuarios de la región para acceder a servicios de salud especializados y exigir que se garantice de manera inmediata el derecho a la atención médica del menor afectado.