En medio de la polarización que precede a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026, surgen acusaciones sobre movimientos internos en URRÁ S.A. E.S.P., la empresa generadora de energía. Varios contratistas y un alto funcionario denuncian que se estarían ejecutando despidos y terminaciones de contrato bajo criterios políticos y no técnicos, en lo que califican como un remezón que respondería a intereses del actual Gobierno.

El punto de quiebre habría sido la salida de Alejandro Padrón, quien se desempeñaba como secretario general de la compañía. Según las fuentes, Padrón fue retirado hace aproximadamente un mes, presuntamente después de que circulara un video antiguo en el que aparecía compartiendo con Abelardo de la Espriella, uno de los candidatos presidenciales. Tras su salida, la posición fue ocupada por Emiro Manrique Romero, acompañado por la abogada Liliana Busto como asesora jurídica.

Desde entonces, aseguran los denunciantes, comenzaron cambios que incluyeron la salida de ingenieros como Margarita Díaz y Juan Acevedo, funcionarios con más de 20 años trabajando en URRÁ y con amplio conocimiento del funcionamiento técnico y administrativo de la empresa. Los afectados sostienen que no se trató de una reestructuración ordinaria, sino de una presunta estrategia para remover personal antiguo y reemplazarlo por personas cercanas a la nueva dirección.

Las terminaciones contractuales también alcanzaron a varios abogados contratistas que trabajaban bajo supervisión de Padrón. De acuerdo con los testimonios, Manrique solicitó el listado de estos profesionales y posteriormente los citó para ofrecerles terminar sus contratos por mutuo acuerdo. Al rechazarse esa salida voluntaria, según la denuncia, se les comunicó la terminación unilateral bajo el argumento de incumplimientos contractuales. Los afectados aseguran tener soportes y evidencias que contradicen esa justificación y señalan que además se les retuvieron informes de supervisión y documentos necesarios para acreditar su gestión.

Las denuncias van más allá de cambios administrativos. Los denunciantes vinculan los movimientos con la viceministra de Defensa Angélica Verbel López y sospechan de una operación política más amplia para asegurar el control de espacios estratégicos en entidades estatales antes de que llegue una nueva administración. Advierten que en los últimos meses del Gobierno actual se estaría aprovechando la incertidumbre política para reorganizar la empresa, direccionar contratos y drenar recursos.

Hasta ahora, estas acusaciones corresponden a denuncias de contratistas y fuentes internas que han solicitado la intervención de la Procuraduría. Los órganos de control deberán verificar si hubo abuso de poder, desviación de recursos públicos o irregularidades en las terminaciones de contrato. El caso deja planteada una pregunta fundamental: ¿está URRÁ viviendo una reorganización institucional legítima o se ha convertido en escenario de disputa política para controlar cargos y recursos públicos en la recta final del Gobierno?