Nueva EPS, la aseguradora más grande del país con más de 11 millones de afiliados, estuvo bajo control del Gobierno Nacional durante dos años. La promesa era que, con la mano estatal, se arreglaría su situación financiera. Pero no sucedió así. Los registros muestran que la deuda creció más del 24% bajo la administración pública. Lo preocupante es que ahora salieron a la luz irregularidades aún más graves sobre cómo comenzó esa intervención.

Según una denuncia de la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud ante la Procuraduría, revelada por Caracol Radio, el Gobierno habría burlado todos los protocolos legales que debían cumplirse. La superintendente nacional de Salud ad hoc, Luz María Múnera, según la acusación, pasó por alto cuatro pasos fundamentales. No realizó el informe técnico obligatorio de la Dirección de Inspección y Vigilancia. No pidió el concepto técnico de adopción y seguimiento. No incluyó información complementaria requerida. Y en la resolución que ordenó la intervención, presentó un documento con inconsistencias legales, además de afirmar que Nueva EPS incumplió recomendaciones que, según la denuncia, ni siquiera le habían sido entregadas previamente.

La Superintendencia también acusa que hubo manipulación de lo que recomendó el Comité de Medidas Especiales. La resolución de intervención dice que ese comité recomendó tomar posesión inmediata de la entidad. Pero la denuncia revela que en la sesión del 10 de abril sucedió lo opuesto: los miembros del comité recomendaron unánimemente no adoptar ninguna medida de intervención forzosa. Es decir, se habría documentado una versión falsa de los hechos para justificar la decisión.

Lo que comenzó mal terminó peor. A inicios de marzo de 2026, la Superintendencia pidió al Ministerio de Salud que extendiera la intervención. El decreto vencía el 3 de abril, completando dos años de control estatal. El Ministerio debía responder antes del 6 de abril. Nunca lo hizo. Durante once días, 11 millones de usuarios quedaron en el limbo: nadie sabía quién estaba a cargo de la entidad. Finalmente, el 13 de abril, el Gobierno nombró al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como nuevo interventor y prorrogó la medida otro año más.

Pero aquí hay otro problema: según la denuncia, Ospina no cumple los requisitos legales para el cargo. No acredita los tres años mínimos de experiencia en niveles directivos en el sector salud, ni los dos años adicionales requeridos. La Superintendencia también señala que en verificaciones de listas de riesgo fue clasificado con nivel alto, con una puntuación de 32 puntos. Aunque es médico cirujano, eso no basta para cumplir con el manual de funciones del cargo.

Mientras tanto, la situación de los pacientes es desesperada. Para marzo había más de 120.000 tutelas contra Nueva EPS que ni siquiera habían sido abiertas por la entidad. Eso es parte de las más de 518.000 quejas que se presentaron en 2025. En Antioquia, la Secretaría de Salud reportó un derrumbe en los indicadores de cumplimiento, que miden si los pacientes tienen acceso efectivo a los servicios. En 2024, cuando comenzó la intervención, 60 de cada 100 pacientes lograban acceder a los servicios. El año pasado, solo 20 de cada 100 lo consiguieron. El acceso a la salud se cortó casi a la mitad.