A menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, en Caquetá el voto sigue siendo rehén de las armas. El gobernador del departamento, Luis Francisco Ruiz Aguilar, salió a denunciar que las disidencias de las FARC están ejerciendo presiones sistemáticas sobre los ciudadanos para que marquen el tarjetón a favor de un candidato en específico.

Durante una intervención en el programa La Noche de NTN24, Ruiz Aguilar reveló que estas presiones se han intensificado dramáticamente de cara al balotaje. "Se triplicó" el constreñimiento electoral, señaló el gobernador, especialmente en municipios como Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, Puerto Rico y El Doncello. Allí, comerciantes, líderes comunitarios y habitantes reciben citaciones para recibir lo que eufemísticamente llaman "orientaciones" sobre cómo deben ejercer su derecho al voto.

El nivel de control que describen los grupos armados es invasivo y humillante. Según Ruiz Aguilar, "Están exigiendo hasta foto del voto y el que no vote tiene que pagar una multa de hasta dos millones de pesos". Es decir, los ciudadanos no solo son obligados a votar por un candidato, sino que además deben probar que lo hicieron. Quien se niegue o desobedezca enfrenta castigos económicos que muchas familias en esos territorios no pueden pagar.

El gobernador también cuestionó la efectividad del Plan Democracia, el esquema de seguridad que el Gobierno Nacional diseñó para blindar estas elecciones. En su opinión, en Caquetá ese plan resulta insuficiente porque "un solo actor delincuencial tiene el control de prácticamente todo el departamento". Es una advertencia clara: en el papel el Estado promete garantizar elecciones libres, pero en la realidad, otros actores mandan en esos territorios.

Las amenazas no se quedan solo en el voto. Ruiz Aguilar también denunció que la extorsión de grupos criminales se extiende a toda la infraestructura pública de la región. "En el departamento del Caquetá no hay una sola obra pública que no esté siendo extorsionada de manera descarada por los grupos criminales", afirmó, pintando un cuadro donde los contratos y los recursos públicos terminan sometidos a peajes ilegales.

Mientras en el resto del país las campañas presidenciales se desarrollan en debates públicos y movilizaciones, en zonas rurales como Caquetá muchos colombianos se enfrentan a una realidad muy distinta: votarán entre el miedo, bajo la amenaza de una foto obligatoria de su tarjetón y la certeza de que desobedecer tiene un precio que nadie debería pagar por el simple hecho de pensar diferente. Es un recordatorio incómodo de que la brecha entre la democracia que se vende desde las grandes ciudades y la que se vive en territorios olvidados sigue siendo abismal.