Las alarmas se encendieron en la Universidad del Atlántico tras una serie de denuncias que cuestionan la forma en que se están haciendo contrataciones y nombramientos administrativos en la institución. La denuncia llegó a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General, en plena intervención que el Gobierno nacional adelanta sobre la universidad.

Guillermo González, próximo a graduarse como contador público y quien fue representante estudiantil ante el Consejo Superior de la universidad, lideró esta iniciativa. Según explicó, la preocupación surge porque se estarían tomando decisiones sobre contrataciones y vinculaciones de personal que podrían comprometer los recursos destinados a las funciones académicas. González manifestó que busca "evitar que dichos recursos sean utilizados con fines distintos a los establecidos para el fortalecimiento de la universidad".

Desde que comenzó la intervención encabezada por el rector interventor Rafael Castillo Pacheco, González aseguró que han surgido situaciones que generan desconfianza sobre el manejo del dinero público y la transparencia en algunos procesos. Por eso solicitó formalmente que se evalúen las decisiones adoptadas por la rectoría y se suspendan eventuales contrataciones que resulten desproporcionadas o afecten la estabilidad financiera de la institución.

El denunciante enfatizó en la necesidad de implementar mecanismos de vigilancia inmediata que garanticen el adecuado uso de los recursos públicos en la universidad. También llevó las denuncias al conocimiento del Consejo Superior Universitario y del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien preside ese organismo, para que ejerzan una supervisión más estricta sobre las actuaciones de la administración actual.

González manifestó que espera una respuesta pronta de los organismos de control y confió en que adelanten las verificaciones necesarias para determinar si existen irregularidades. Con esta acción, busca garantizar que cualquier decisión administrativa se adopte bajo criterios de necesidad, transparencia y responsabilidad con el dinero de todos.