En varios rincones rurales del Cauca, se reportan irregularidades preocupantes que amenazan la libertad del voto en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026. Grupos armados ilegales estarían interfiriendo en el proceso electoral, exigiendo información a jurados y presionando a comunidades para favorecer al senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue directo en sus denuncias: responsabilizó al ELN y a disidencias de las Farc de estas presiones. Según Uribe, grupos como las columnas Jaime Patiño en el sur, y Jaime Martínez y Dagoberto Ramos en el norte del departamento, estarían detrás de estas prácticas. En veredas de Santander de Quilichao, como Bilachí y La Chapa, estos grupos "estarían exigiendo las actas electorales a los jurados para manipular los resultados, impidiendo que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de manera libre", según lo señalado por Uribe.

Ante la gravedad de la situación, el expresidente pidió a la Registraduría, la Procuraduría y a la comunidad internacional reforzar la vigilancia en la región para evitar fraudes electorales. También cuestionó el modelo de gobierno de Gustavo Petro, argumentando que la falta de control estatal ha permitido el avance de lo que llamó narcoguerrillas en el territorio.

Las alarmas sobre la seguridad electoral en Colombia van más allá de esta denuncia. El Atlantic Council publicó un informe que documenta un deterioro sistemático en el proceso democrático del país. El documento revela un aumento del 23.5 por ciento en la fuerza de los grupos armados y un incremento en ataques directos contra figuras políticas, hechos que incluyen el asesinato del exsenador Miguel Uribe Turbay en 2025 y el secuestro de la candidata vicepresidencial Aida Quilcué a inicios de 2026.

La situación es especialmente crítica en regiones como el Catatumbo, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, donde desplazamientos masivos y ataques con explosivos han dejado comunidades vulnerables. Aunque el Ministerio de Defensa ha desplegado miles de efectivos en el terreno, la Defensoría del Pueblo mantiene alertas por la capacidad de coacción de grupos como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, que pueden llegar a amenazar la transparencia del proceso y la movilidad de votantes en zonas rurales.