Funcionarios y contratistas de varias entidades estatales estarían siendo presionados para apoyar electoralmente a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta presidencial. Las denuncias, que han comenzado a circular en distintos sectores, señalan que la estrategia se despliega desde diferentes niveles de la administración pública con el objetivo de fortalecer el respaldo electoral del Gobierno nacional.

De acuerdo con lo reportado, en ministerios como el de Educación se habrían convocado reuniones en las que se abordaron temas relacionados con el panorama electoral y sus consecuencias para los servidores públicos. El mensaje transmitido a trabajadores y contratistas apunta a que deben respaldar ciertas posiciones políticas ante la posibilidad de cambios en la estructura estatal.

La presión no se limita solo a convocatorias. También circulan panfletos dirigidos a funcionarios y contratistas que advierten sobre los riesgos que enfrentaría el empleo de miles de trabajadores. Los documentos mencionan que Abelardo De La Espriella ha planteado medidas como la disminución de ministerios, la fusión de entidades y otros cambios administrativos. Bajo ese argumento, el mensaje afirma que "el voto de cada ciudadano tendría incidencia directa en su futuro laboral".

Estas acciones han generado polémica porque algunos sectores consideran que apelar al temor de perder el empleo representa un mecanismo de presión política que busca influir en la decisión de los votantes durante el proceso electoral. La práctica cuestionaría los principios de libertad de voto que caracterizan un sistema democrático.