Una denuncia penal llegó a la Fiscalía General de la Nación contra Juliana Guerrero y otros cuatro miembros del Consejo Superior de la Universidad del Cesar. Los acusan de prevaricato por acción y concierto para delinquir en la designación del rector Guillermo Andrés Echevarría Gil. El abogado Belisario Jiménez Lúquez radicó la acción judicial sosteniendo que los denunciados actuaron «dolosamente, a pesar de todas las advertencias» para no designar a Echevarría.

Lo más cuestionado es la rapidez de la decisión. Jiménez explicó que «ellos se pusieron de acuerdo para elegir al rector en una sesión de apenas ocho minutos, sin evaluar hojas de vida ni estudiar ninguna otra consideración». Este tiempo tan breve habría violado los protocolos que debería seguir una institución para elegir a su máximo directivo académico.

El Consejo de Estado ya se había adelantado suspendiendo provisionalmente el nombramiento de Echevarría. La Sección Quinta de ese tribunal argumentó que el nuevo rector no cumplía con un requisito fundamental: tener una experiencia no inferior a cinco años en educación superior, tal como lo exigen los estatutos de la universidad. Cuando la defensa de Echevarría intentó validar labores que realizó en 2020 en una empresa llamada UPARSISTEM S.A.S., el Consejo de Estado rechazó esa argumentación. Aclaró que esa entidad es un centro de formación para el trabajo y desarrollo humano, lo que por ley la prohíbe para ofertar programas de educación superior.

Junto a Guerrero fueron denunciados Xavier Miguel Estrada Escudero, delegado del Ministerio de Educación; Marlon José Bastidas Barranco, representante de docentes; Armando Luis Cotes de Armas, representante de directivas académicas; y Óscar Pacheco Hernández, representante de exrectores.

Las críticas a Guerrero no son nuevas. Jennifer Pedraza, recién electa senadora, aseguró que aunque la funcionaria tiene audiencia de imputación por otros cargos, «aún así Juliana sigue siendo la delegada de Gustavo Petro en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar para hacerle favores a Ape Cuello». Guerrero enfrenta también acusaciones por presunta falsedad ideológica y fraude procesal. En marzo, cuando la Fiscalía esperaba imputarle cargos por esos delitos, no comparecía a las diligencias, pero sí estuvo presente en la sesión donde se designó al rector.

Hasta ahora, ninguno de los denunciados ha emitido pronunciamiento público sobre estas acusaciones.