Un escándalo sobre la forma en que se gastó el dinero en la campaña del Pacto Histórico en Bogotá ha sacudido las redes sociales y llegado hasta el Consejo Nacional Electoral. Todo comenzó cuando el periodista Melquisedec Torres reveló que Giovanny Abadía Rojas, gerente de campaña de la coalición, realizó un pago en efectivo de 478 millones de pesos a la empresa Electro Planta y Eventos S.A.S. por los servicios del cierre de campaña de los candidatos a la Cámara. La factura, registrada ante la DIAN, despertó sospechas porque la cantidad superaba los 500 millones de pesos incluido el IVA, lo que generó interrogantes sobre cómo se movilizan sumas tan grandes en efectivo.

El candidato Daniel Briceño encendió la alarma y llevó el asunto a redes sociales, cuestionando la trazabilidad de esos recursos. Luego presentó una denuncia formal ante el CNE pidiendo que se investigue si el pago se realizó fuera de la cuenta única de campaña y si constituye una violación a la ley de financiación electoral, específicamente al artículo 25 de la Ley 1475 de 2011. Briceño también solicitó que se sancione al gerente de campaña en caso de comprobarse irregularidades en la administración de los recursos.

La congresista Mafe Carrascal no se quedó callada. A través de su cuenta en X defendió la legalidad del procedimiento explicando que "las campañas cuentan con cuentas bancarias autorizadas para el manejo de recursos" y que los pagos en efectivo son permitidos siempre que provengan de esas cuentas. Carrascal precisó que la campaña tenía una cuenta en CONFIAR, una entidad financiera, desde donde se emitían los cheques para los pagos, y que los recursos procedían de un préstamo de campaña otorgado por la misma institución. Según su versión, Abadía, como gerente responsable de abrir la cuenta, tiene autoridad para hacer las contrataciones y autorizar los pagos conforme a la normativa electoral.

Giovanny Abadía Rojas tiene una hoja de vida que mezcla experiencia en política y administración pública. Es magíster en relaciones internacionales por la Universidad Estatal de San Petersburgo y politólogo de la Universidad de la Amistad de los Pueblos, también en Rusia, con título homologado por el Ministerio de Educación. En 2023 trabajó como asistente en la Unidad de Trabajo Legislativo de la representante Susana Boreal, se vinculó al Departamento Administrativo de la Presidencia bajo la gestión de Carlos Ramón González en septiembre de 2023, y luego fue contratista en la Superintendencia entre febrero de 2024 y diciembre de 2025, encargado de reformas legislativas en protección al consumidor.

Además de su trabajo en el sector público, Abadía ha colaborado en organizaciones sociales. Dictó cursos sobre campañas electorales en la Escuela de Liderazgos Políticos LGBTI de Caribe Afirmativo en octubre de 2023, y fue mentor en el Instituto de Política Abierta entre agosto y noviembre de 2023, acompañando a ocho candidaturas en las elecciones territoriales de ese año en las regiones Caribe y Centro.

Hasta el momento, Abadía no se ha pronunciado sobre las denuncias. Se intentó contactarlo para conocer su versión de los hechos, pero no ha respondido. Mientras tanto, el CNE debe decidir si abre una investigación administrativa que esclarezca si realmente hubo irregularidades en cómo se manejaron los recursos de campaña o si, como defiende Carrascal, todo se ajustó a la ley.