La alarma saltó en la Asamblea de Córdoba después de que salieran a la luz denuncias contra dos empresas que se harían pasar por IPS legales dentro de centros comerciales de Montería. Según los reportes, estas operaciones estarían ofreciendo planes de salud y tratamientos médicos a cambio de dinero, con víctimas principalmente entre adultos mayores que aseguran haber sido engañados deliberadamente.

El caso de Gustavo Gómez es uno de los que ilustra lo que estaría sucediendo. Según su relato, personas que se identificaron como representantes de una IPS lo abordaron para hacerle una valoración médica. Lo que comenzó como una supuesta revisión de rutina terminó con una exigencia de un millón de pesos. Lo grave es que después descubrió que le habían generado un crédito por tres millones de pesos, una situación que el mismo Gómez calificó como indignante.

El diputado Gustavo Negrete no dejó pasar desapercibido lo sucedido. Durante la sesión de la Asamblea, cuestionó directamente a la Secretaría de Salud Departamental por sus funciones de inspección, vigilancia y control. Negrete expresó su preocupación al señalar que "¿cuántas personas más no habrán estafado estos bandidos?" e insistió en que los hechos deben llegar a manos de la Fiscalía General de la Nación. Además, advirtió sobre un detalle alarmante: una de estas IPS habría sido clausurada en septiembre y habilitada nuevamente en el mismo mes.

Desde la Secretaría de Salud Departamental confirmaron que ya hay indagaciones internas en marcha y pidieron a la comunidad reportar cualquier situación sospechosa. Por su lado, Negrete hizo un llamado directo a más víctimas para que compartan sus testimonios y reciban acompañamiento legal, con el objetivo de trasladar toda la información a la Fiscalía. El diputado considera que podría haber conductas claramente delictivas detrás de estas operaciones.