La Fundación Universitaria San José no deja de dar de qué hablar. Ahora sale a la luz una nueva denuncia que apunta a un supuesto negocio paralelo montado por cercanos a esta polémica institución educativa. Se trata del Politécnico ICAFT, que según la representante a la Cámara Jennifer Pedraza estaría funcionando como una "universidad de papel" desde donde algunos directivos de la San José estarían extrayendo dinero mientras juegan con el futuro académico de miles de colombianos.

Pedraza ha identificado los nombres de quienes presuntamente estarían detrás de esta operación. Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la San José, y Steffany Camacho, vicerrectora académica, "habrían puesto a sus familiares como socios de ICAFT", según la congresista. Lo interesante es que ambos hicieron cambios en los papeles legales de ICAFT después de que Pedraza hizo públicos sus señalamientos en agosto y septiembre de 2025, aparentemente para ocultar los vínculos con la San José. También está en el radar Andrés David Méndez, representante legal del ICAFT, a quien se le vincula con una empresa llamada BLUHARTMAN, descrita como una "súper contratista de la Fundación de Educación Superior San José" que se encarga de reclutar estudiantes masivamente, dar asesorías tecnológicas y organizar ceremonias de grado.

Lo más grave es que ICAFT estaría ofertando programas académicos sin que cuenten con los registros calificados necesarios. El instituto solo tiene permiso para ofrecer carreras técnicas y tecnológicas, pero según la investigación, estaría ofreciendo programas que supuestamente pertenecen a otra institución llamada Corporación Universitaria Reformada. Además, a través de redes sociales y grupos de estudiantes, personas desconocidas estarían promoviendo la convalidación de títulos en ICAFT, lo que Pedraza considera "una nueva forma de explotar a los estudiantes".

Este hallazgo se produce en el contexto de una crisis profunda de credibilidad que atraviesa la San José. Todo comenzó cuando salió a la luz que Juliana Guerrero, aspirante a un cargo en el Ministerio de Igualdad, habría comprado un diploma en esa institución. Desde entonces, congresistas y organismos de control no han dejado de investigar. A finales de enero de este año, la propia Pedraza presentó nuevos hallazgos alarmantes: revisó los registros de más de mil funcionarios públicos que reportaron estudios en la San José en sus hojas de vida, y encontró patrones repetidos de irregularidades, no hechos aislados.

Lo que preocupa es que estas no parecen ser irregularidades espontáneas, sino un sistema bien montado para seguir luciendo con estudiantes mientras se mantiene una apariencia de legitimidad. La investigación continúa y cada semana salen nuevas capas de este escándalo que ha puesto en tela de juicio la credibilidad del sistema de educación superior en el país.