Una nueva tormenta rodea a Nueva EPS. A cuatro meses de que el Gobierno Petro asumiera el control accionario de esta entidad con el 51 por ciento de las acciones, el legislador Andrés Forero denuncia que el proceso fue irregular. Según su acusación, tanto el presidente como el ministro de Hacienda Guillermo Alfonso Jaramillo habrían obtenido esa participación de forma manipulada. El interventor de Comfenalco Antioquia, una caja de compensación que estaba bajo intervención desde septiembre de 2023, habría transferido sus acciones al Ministerio de Hacienda. A esto se sumaron las cajas Colsubsidio, Cafam, Compensar, Confenalco Valle y Confandi, que también cedieron sus participaciones. Forero pedía públicamente que "La Procuraduría General de la Nación debe investigar".

Lo que estaba en juego era importante: con ese movimiento el Estado logró una posición dominante en Nueva EPS similar a la que tiene con Ecopetrol. Pero aquella toma de control no trajo lo que muchos esperaban. Al contrario, la crisis se intensificó.

Los números hablan por sí solos. Las quejas contra Nueva EPS saltaron de 358 mil en 2024 a más de 518 mil en 2025. Peor aún, la defensora del Pueblo Iris Marín Ortiz reveló que de esas quejas, más de 120 mil tutelas siguen sin ser abiertas en el correo de la EPS. Ni siquiera han sido leídas. Mientras tanto, nadie sabe quién está al mando: el decreto que ordenaba la intervención venció el 3 de abril sin que el Gobierno nombrara un gerente nuevo ni anunciara una continuidad de la intervención. La Procuraduría tuvo que pedirle explicaciones.

Los problemas son crudos y tocan a la gente de manera directa. Los pacientes se quejan principalmente por dos cosas: medicamentos que no llegan y procedimientos que se interrumpen o simplemente no se hacen. Esto afecta especialmente a personas con enfermedades serias como cáncer, diabetes, VIH e hipertensión. Néstor Álvarez, presidente de la organización Pacientes de Alto Costo, explicó a un medio de comunicación que aunque estos problemas existían antes de la intervención estatal, en los últimos meses se han hecho mucho peor. "Lo único que queremos es que la Defensoría, Supersalud, la EPS, el Gobierno, todos comprendan que se está violando un derecho humano. A diario matan a cientos de líderes sociales, pero hay que recordar que a diario mueren pacientes. Cuando alguien muere de cáncer nadie dice que se murió porque le faltaron medicamentos, pero en Colombia sucede. Necesitamos que la agenda de salud sea la principal", señaló.

Los reportes de corrupción de años atrás tampoco ayudaban. La Fiscalía había señalado que los antiguos directivos, encabezados por el expresidente José Fernando Cardona Uribe, alteraron información financiera para renovar la licencia y evadir controles. Ocultaron más de 3 millones de facturas de deudas y reportaron utilidades falsas por 70 mil millones de pesos entre 2013 y 2023.

Los pacientes cargan el peso real de esta situación. Nancy Martínez Salazar, una mujer de 58 años con cáncer y diabetes, lleva seis meses esperando una resonancia de mama que podría determinar si su cáncer avanzó. La EPS no autoriza el examen, que además debe hacerlo en Cali, no en Popayán donde ella vive. "Cuando uno es paciente oncológico, uno no tiene la fuerza ni la energía para ir de aquí para allá. Yo estoy cansada, mucho. Uno queda muy quemado después de las quimioterapias y las farmacéuticas nunca son capaces de llamar a avisar si el medicamento que necesito ya llegó, o si no ha llegado, no. Uno tiene que ir allá a hacer colas enormes y adivinar si hay medicamentos", contó ella a periodistas.