Una pregunta que sigue flotando en el aire mientras el Gobierno avanza con su estrategia de paz es simple pero inquietante: ¿cuánto dinero de los colombianos se ha gastado en las mesas de diálogo con grupos armados? Ahora hay cifras sobre la mesa, y no precisamente tranquilizadoras.

El concejal Julián Uscátegui dio a conocer información del Fondo de Programas Especiales para la Paz revelando que entre agosto de 2022 y diciembre de 2025 se asignaron más de 88.840 millones de pesos a negociaciones y acercamientos con estructuras criminales. El dinero fue distribuido entre cuatro principales actores: el ELN, el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y los Comuneros del Sur.

Los números desglosan historias particulares de gasto. Con el ELN, la guerrilla que encabezaba la estrategia central de la Paz Total, se invirtieron más de 32.960 millones de pesos. De esos recursos, 6.889 millones fueron para honorarios, 7.521 millones a transporte aéreo y 4.748 millones a medidas de protección. Todo esto hasta que en septiembre de 2024, después de que el grupo atacara una base militar en Arauca causando dos muertos y 25 heridos, los diálogos quedaron suspendidos. Para el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, según el documento, se destinaron más de 34.601 millones incluyendo gastos similares en honorarios, movilización y esquemas de seguridad. A la Segunda Marquetalia, señalada por la Fiscalía como responsable del magnicidio al exsenador Miguel Uribe Turbay, se asignaron más de 13.106 millones. Los Comuneros del Sur recibieron superiores a 8.172 millones.

Uscátegui no fue suave en su crítica. "La denominada 'Paz Total' no es una política de paz, sino una política de impunidad financiada con los recursos de todos los colombianos. Mientras el Gobierno entrega beneficios a manos llenas a los criminales, estos continúan asesinando, secuestrando y extorsionando colombianos sin consecuencia alguna. Es completamente inaceptable", señaló el concejal del Centro Democrático.

Lo que más cuestiona es cómo se gastó ese dinero. Según Uscátegui, una porción importante fue utilizada en gastos logísticos y esquemas de protección para integrantes de grupos armados ilegales. "Es infame que el gobierno Petro destine los impuestos que los colombianos pagan con tanto esfuerzo, a financiar viajes y esquemas de protección para los criminales responsables de la violencia y el terror que hoy padece todo país", agregó.

Pero lo que inquieta más al crítico va más allá de los números. Sostiene que estos procesos deterioran el mensaje institucional del país. "Estos procesos no solo han representado un enorme costo económico para el país, sino que envían un grave mensaje institucional: en Colombia el crimen recibe incentivos, beneficios y recursos, mientras la legalidad pierde respaldo", concluyó Uscátegui.