Una mujer afiliada a Mutual Ser EPS en el sur de Bolívar levantó la voz para denunciar que fue intimidada después de atreverse a quejarse por problemas en su atención en salud. El caso ha llegado a oídos de la Veeduría en Salud Color Esperanza y Las Noticias Cartagena, y ha encendido las alarmas entre defensores de derechos de los pacientes en la región.

De acuerdo con el relato de la usuaria, después de presentar inconformidades sobre su atención médica, una gestora de la EPS que trabaja en la región le habría dirigido expresiones intimidatorias. Según la denunciante, la gestora le manifestó: "No se queje de mí; vea que mi familia pertenece a un grupo armado y ya sabe lo que les pasa". La gravedad de estas palabras radica en que, si se comprueban, constituirían una clara presión para que los pacientes renuncien a sus derechos fundamentales.

Lo que preocupa a las organizaciones de veeduría es que este caso podría tener un efecto paralizador en otros usuarios. Si los pacientes sienten temor de reclamar atención médica, medicamentos o procedimientos necesarios por miedo a represalias, se vulnera un derecho constitucional básico. En Colombia, la ley protege a los ciudadanos para que puedan presentar peticiones, quejas y denuncias sin presiones ni intimidaciones. Esto está amparado en artículos de la Constitución como el 2, el 20, el 23 y el 49, además de leyes específicas como la Ley Estatutaria de Salud y la Ley de Veedurías Ciudadanas.

Las veedurías han hecho un llamado urgente a autoridades clave del país. Pidieron la intervención del gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí; del Ministerio del Interior; de la Defensoría del Pueblo; y del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para que respalden la investigación y adopten medidas de protección para esta usuaria y otros que ejerzan control social sobre los servicios de salud.

Además, solicitaron que Mutual Ser EPS haga una revisión interna de cómo trabajan sus gestoras en los municipios del sur de Bolívar, evaluando si la coordinación regional está funcionando correctamente y si hay garantías de respeto y transparencia hacia los afiliados. No es un secreto que en regiones como esta, donde hay presencia de grupos ilegales, los ciudadanos muchas veces prefieren guardar silencio por miedo, y eso no puede convertirse en una barrera para acceder a derechos básicos de salud.

Las autoridades competentes ya fueron informadas del caso y deben adelantar investigaciones con celeridad para establecer responsabilidades. Mientras tanto, los defensores de derechos subrayan un mensaje claro: ningún usuario debe sentir temor por exigir una cita médica, un medicamento o una atención digna. Los ciudadanos tienen derecho a reclamar, denunciar y participar en el control social sin presiones ni represalias.