Asmet Salud, la entidad promotora de salud bajo dirección del Gobierno Petro desde mayo de 2023, atraviesa una tormenta de acusaciones por corrupción. Según la Unidad Investigativa de Caracol Radio, funcionarios y personas cercanas a la presidencia estarían cobrando sobornos a hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos a cambio de agilizar pagos pendientes. Las comisiones que habrían solicitado oscilaban entre el 15 y el 16 por ciento. Incluso, algunos acreedores denuncian haber tenido que pagar solo para conocer el estado de sus deudas.

La denuncia penal fue presentada por Sebastián Becerra, representante legal de Onfarma, empresa proveedora de medicamentos de alto costo para la EPS en el Cauca. Según su relato ante la Fiscalía, una asesora cercana a la presidencia le pidió una comisión del 16 por ciento sobre los giros que recibiera directamente de la Administradora de Recursos del Sistema de Salud, condición que, según afirma, era necesaria para desbloquear un pago de aproximadamente 4 mil millones. Los primeros contactos ocurrieron en Pereira el 20 de enero de 2026, y luego fueron reiterados por teléfono y en encuentros posteriores en Barranquilla.

Becerra rechazó la propuesta en un principio, pero por orientación de su abogado mantuvo contacto con la persona involucrada mientras recopilaba pruebas. El 17 de febrero recibió un giro por 2 mil 500 millones, la cifra más alta en su relación comercial con Asmet Salud. Después del desembolso, dice haber recibido mensajes exigiendo que cumpliera con el acuerdo económico. Como respaldo de su denuncia, presentó conversaciones de WhatsApp y documentos que, según él, muestran intentos de modificar contratos para incluir sobrecostos en medicamentos.

Alexandra Camargo Gutiérrez de Piñeres, exasesora de la presidencia de Asmet Salud, rechazó categóricamente las acusaciones ante Caracol Radio. "Nunca participé en solicitudes de dinero para agilizar pagos", manifestó, y agregó que el número de teléfono desde el cual se habrían enviado algunos mensajes no le pertenece. Calificó como falsas las afirmaciones sobre un acuerdo con el denunciante.

Más allá de lo que investiga la Fiscalía, Asmet Salud está hundida en un caos financiero y administrativo. Sus pasivos superan los 2,4 billones, con embargos cercanos a 330 mil millones. El actual interventor, Mario Fernando Córdoba, encontró una entidad con todas sus cuentas embargadas, retrasos en nómina, problemas en auditoría de facturas y una relación rota con la red de prestadores. La Procuraduría y la Superintendencia de Salud han documentado irregularidades en contratación, pagos anticipados, incrementos injustificados en remuneraciones directivas y selección discrecional de proveedores. Todo ha sido reportado a la Fiscalía y otros organismos de control.

Mientras las autoridades judiciales avanzan en las investigaciones, los pacientes siguen pagando el precio. Organizaciones de usuarios reportan que la intervención de la Superintendencia no ha mejorado la atención. En departamentos como Cauca, Nariño y Caquetá hay demoras en autorizaciones, dificultades para acceder a especialistas, escasez de medicamentos y problemas en la contratación de servicios esenciales. Miles de personas presentan tutelas buscando acceso a servicios médicos que no llegan.