A pocos días de que Colombia defina la segunda vuelta presidencial, emerge una denuncia que remueve las aguas políticas en Santa Marta. La superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, llevó ante la Fiscalía General de la Nación una acusación formal contra el alcalde Carlos Pinedo Cuello. Los cargos son serios: presunta participación en actividades de carácter electoral y posibles presiones a funcionarios y contratistas para respaldar operativos de campaña política.

Navarro entregó a los investigadores un conjunto de documentos y pruebas que, según su consideración, evidenciarían una estructura organizada funcionando desde diferentes dependencias de la administración distrital. El material incluye detalles preocupantes: cronogramas internos, conversaciones de WhatsApp, registros de fechas y horarios, e incluso referencias a una plataforma digital utilizada para identificar y clasificar ciudadanos como potenciales votantes. Las pruebas documentan operativos llamados "toma de barrios" y "toma de semáforos" que habrían movilizado recursos del distrito mediante recorridos, volanteos, plantones y caravanas en diferentes sectores de la ciudad.

Lo más delicado de esta denuncia toca un nervio sensible de la democracia. Según los elementos que llegaron a la Fiscalía, algunos contratistas y colaboradores de la administración habrían recibido mensajes donde se condicionaba la continuidad de sus contratos, renovaciones o desembolsos pendientes a su participación en estas actividades políticas. Esto es precisamente lo que la ley tipifica como constreñimiento al sufragante: presionar a alguien para que resuelva su voto de determinada manera o participe en actividades electorales.

La denuncia también fue remitida a la Procuraduría General de la Nación para que determine si existen responsabilidades disciplinarias derivadas del supuesto uso de recursos y de la máquina administrativa para fines electorales. En el proceso se menciona al alcalde Pinedo Cuello junto con otros funcionarios, contratistas y particulares que podrían resultar vinculados conforme avancen las investigaciones.

La superintendente Navarro fue clara en sus palabras: "Corresponde a las autoridades competentes verificar los hechos denunciados y establecer las responsabilidades individuales a que haya lugar, garantizando el debido proceso y la transparencia de las investigaciones". La bola está ahora en la cancha de la Fiscalía y la Procuraduría, que tendrán que dilucidar si se cometieron delitos como participación indebida en política por parte de servidores públicos, uso irregular de datos personales, constreñimiento al sufragante u otras conductas que trasgredan la ley.