Un nuevo escándalo sacude el debate sobre los límites que deben tener los funcionarios públicos en la política colombiana. Un video difundido recientemente por la periodista Paola Herrera en su columna para Brava News expone a una funcionaria del Departamento Nacional de Planeación metida de lleno en actividades proselitistas durante las elecciones recientes, algo que la ley expresamente les prohíbe a los servidores del Estado.

Según lo que se ve en las imágenes, la funcionaria, quien ocupa el cargo de jefe de prensa de regalías en el DNP y percibe aproximadamente 12 millones de pesos al mes, participó activamente en la campaña de María Eugenia Londoño, senadora electa por el Pacto Histórico. En el video se identifica como militante del Partido Comunista Colombiano y se le escucha diciendo: "vamos con toda, hombres y mujeres, en una lucha de clases, a profundizar nuestro cambio". Su participación quedó registrada, lo que sugiere investigaciones disciplinarias en su contra.

La normativa en Colombia es meridiana: los funcionarios públicos tienen prohibido usar su cargo, su tiempo o su influencia para intervenir en elecciones o hacer proselitismo político. Que esta servidora haya actuado así mientras trabajaba para el DNP representa una clara violación a esas normas. Lo que preocupa más es que, de acuerdo con testimonios internos de la entidad, se trata de una militante activa del partido del gobierno, lo que abre dudas sobre los controles dentro de las instituciones estatales.

El caso cobra mayor relevancia en un contexto donde también se cuestionan los límites políticos del presidente Gustavo Petro. Desde que comenzó la carrera para sucederlo, el mandatario ha publicado repetidamente en redes sociales cosas que, según críticos y analistas, rozan las prohibiciones legales para funcionarios públicos. Incluso fue citado a audiencia pública por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por sus cuestionamientos al organismo electoral. El magistrado Luis Manuel Lasso Lozano le pidió sustentar sus razones de desconfianza frente al proceso que lleva la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Para Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, el problema es estructural. "Según mandato de la Constitución, el presidente de la República representa la unidad nacional. Pero al mismo tiempo existen normas que reiteran la imposibilidad de que los funcionarios públicos intervengan en política y mucho menos en elecciones. Lamentablemente, en el caso de los presidentes, esas reglas terminan siendo letra muerta". La Constitución establece con claridad que el presidente debe representar a todos los colombianos, pero en la práctica esos límites resultan débiles o simplemente no se aplican.

Lo que está en juego va más allá de una funcionaria. El dilema es si realmente existe en Colombia un mecanismo efectivo para garantizar que los servidores públicos, desde cualquier nivel, respeten su deber de neutralidad política. Mientras tanto, la denuncia contra esta funcionaria del DNP queda documentada en video, evidencia que difícilmente podrá ser ignorada por los organismos disciplinarios competentes.