Una familia del sur de Bolívar vive una situación que refleja el calvario que muchos colombianos enfrentan en el sistema de salud. Una niña de apenas 7 años, residente en Río Viejo, requiere atención médica especializada en neuropediatría en Cartagena, pero la EPS Mutual SER habría negado en dos ocasiones autorizar su traslado, dejándola sin acceso a consultas vitales.

Según lo denunciado por la Veeduría en Salud Color Esperanza a través del portal Las Noticias Cartagena, los estudios médicos practicados a la menor detectaron complicaciones que causan fuertes dolores de cabeza y otras afectaciones neurológicas. Pese a esto y a las remisiones realizadas por médicos, la EPS no habría aprobado el transporte necesario desde Río Viejo hasta Cartagena, dejando a la niña sin la valoración especializada que su salud demanda.

La veeduría fue enfática en sus advertencias. Expresaron que "cada segundo que una persona, especialmente un niño, deja de recibir atención médica especializada puede representar graves complicaciones o incluso poner en riesgo su vida". Además, responsabilizó públicamente a Mutual SER "por cualquier afectación que pueda sufrir la niña debido a las demoras y obstáculos para acceder al servicio de salud".

La denuncia no se limita a cuestionar a la EPS. La Veeduría en Salud Color Esperanza hizo un llamado directo a la gestora de Mutual SER en Río Viejo, advirtiéndole que "de seguir con esta actitud, nos veremos obligados a denunciarla penalmente porque está vulnerando un derecho fundamental, especialmente el de una menor de edad".

Desde ambas organizaciones pidieron auxilio a empresas de transporte, fundaciones, autoridades y ciudadanos para organizar un traslado humanitario de la menor. También solicitaron la intervención inmediata de la Superintendencia Nacional de Salud para revisar el caso. Además, pidieron públicamente el cambio de la coordinadora del sur de Bolívar y gestoras de Mutual SER en la zona, argumentando "constantes quejas de usuarios y presuntas irregularidades" que afectan la prestación de servicios en la región.

El caso ha generado indignación porque visibiliza lo que muchos viven en silencio. Como señalaron desde la veeduría: "La salud no puede seguir siendo un privilegio. Hoy levantamos la voz por miles de pacientes que necesitan ser escuchados".