Una delicada denuncia sacudió el municipio de Montebello en el Suroeste antioqueño cuando ciudadanos denunciaron presuntas irregularidades electorales que habrían ocurrido durante una reunión política de seguidores del Pacto Histórico. La queja penal y disciplinaria fue radicada ante la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral y la Unidad de Restitución de Tierras, pocas horas antes de los comicios presidenciales del 21 de junio.

De acuerdo con las pruebas enviadas a las autoridades, Alberto Alonso Villa Callejas, quien está vinculado como contratista de la Unidad de Restitución de Tierras hasta octubre de 2026, habría intervenido en la reunión hablando en nombre de la entidad estatal. Según lo denunciado, Villa Callejas ofreció poner a disposición de la campaña del candidato Iván Cepeda Castro una propuesta económica por 15 millones de pesos, recursos que supuestamente provendrían del Ministerio de Agricultura. Estos dineros, indicó el denunciante, estarían destinados a comprar refrigerios y pagar transporte para movilizar votantes desde las veredas hacia las urnas.

Pero lo más grave de los señalamientos va más allá del dinero. El contratista habría puesto a disposición de la campaña información confidencial y bases de datos sensibles de la Unidad de Restitución de Tierras que contienen datos de víctimas de la violencia y el despojo en la región. Según la denuncia, argumentó tener un amplio registro en varios municipios de Antioquia para coordinar la estrategia de testigos electorales usando esa información.

Aunque las normas establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública permiten que los contratistas manifiesten sus simpatías políticas, la ley es contundente en ciertos aspectos: está prohibido usar presupuesto, infraestructura o información reservada de entidades del Estado para beneficiar campañas políticas. Además, el uso de datos confidenciales de víctimas vulnera las leyes de protección de información. Cualquier actividad política debe realizarse de manera personal, fuera del horario laboral y completamente separada de las funciones contractuales.

Los audios, videos y documentos ya se encuentran en manos de los organismos de control competentes, quienes deberán investigar la procedencia real de los recursos mencionados y determinar si hubo faltas disciplinarias, infracciones electorales o conductas de tipo penal. Lo que está en juego es la transparencia del proceso democrático en Antioquia.