La voz de alerta llegó esta semana desde el Congreso. La senadora de oposición Paloma Valencia denunció que Colpensiones, la entidad encargada de administrar las pensiones de millones de colombianos, habría gastado más de 60 mil millones de pesos en campañas de publicidad a través de dos contratos entregados de forma directa a RTVC, sin que hubiera un proceso de licitación pública. La denuncia cuestiona si la entidad respetó los principios básicos que rigen el gasto público en el país.

El primer contrato fue suscrito el 15 de diciembre de 2023, por 13.804 millones de pesos, para servicios de publicidad. Aunque inicialmente estaba previsto que durara un año, Valencia explicó que "El contrato fue objeto de tres adiciones: el 25 de junio de 2024 por $6.000 millones; el 23 de diciembre de 2024 por $11.252 millones; y el 29 de agosto de 2025 por $6.300 millones. Además, su plazo fue ampliado hasta el 31 de diciembre de 2025". Con estas ampliaciones, el acuerdo terminó comprometiendo recursos de tres años distintos y su valor se multiplicó, lo que según la senadora viola la ley.

La senadora insistió en que "Colpensiones no tenía por qué ejecutar un contrato de publicidad por más de un año. Amarraron el negocio para comprometer recursos de 2023 y 2024, como si se tratara de una vigencia futura. Esto violaría el principio de anualidad". Este principio establece que cada año presupuestal debe ejecutarse de forma independiente.

El segundo contrato, firmado el 16 de julio de 2024 por 9.795 millones de pesos para diseñar una estrategia de marketing, fue ampliado con una adición de 12.959 millones de pesos, también superando los límites legales. Valencia señaló que "Colpensiones terminó suscribiendo dos contratos prácticamente iguales con RTVC al mismo tiempo. Ambos violarían el principio de anualidad y comprometerían recursos de varios años".

Lo que inquieta más a la senadora es que ambos acuerdos superan lo permitido por la Ley 80, que solo autoriza aumentar hasta el 50 por ciento del valor inicial de un contrato. En estos casos, "las adiciones habrían superado el 100 %", según Valencia.

Ante estos señalamientos, la congresista pidió a la Procuraduría General y a la Contraloría que investiguen si se presentaron irregularidades y si hay responsables. Valencia fue clara en su conclusión: "La entidad que debe velar por las pensiones de los colombianos estaría despilfarrando recursos en contratos a dedo, sin licitación, con adiciones presuntamente ilegales, con prácticamente el mismo objeto y ejecución paralela durante varias vigencias".