La campaña de Iván Cepeda está en el ojo del huracán por eventos que habría realizado en municipios como Sincelejo y Yopal durante la última semana del proceso electoral. El problema es que existe una norma clara que prohíbe hacer actos públicos de campaña ocho días antes de la jornada de votación, algo que algunos sectores dicen que la fórmula de Cepeda con Aida Quilcué habría incumplido.

Esas preocupaciones ya llegaron al Consejo Nacional Electoral en forma de denuncias. Santiago Arango presentó una en la que pide que se verifique si hubo "posible vulneración del artículo 6 del Decreto 0188 de 2026, con ocasión de actos políticos realizados durante el período comprendido entre el lunes 25 de mayo y el lunes 1 de junio de 2026, previo a la elección presidencial del 31 de mayo de 20". Por su parte, Gabriel Garrido también levantó la voz ante la autoridad electoral. En su denuncia señala que en redes sociales aparecen "concentraciones de simpatizantes, uso de propaganda política, reuniones y actividades asociadas a la campaña presidencial de Iván Cepeda y Aída Quilcué, realizadas en el Centro de Convenciones Los Libertadores de Arauca". Garrido adjuntó capturas de pantalla y publicaciones donde dice que se ve "la continuidad de actividades de carácter proselitista en fechas cercanas a las restricciones electorales previas a la jornada de votación".

Tanto Arango como Garrido presentaron pruebas: fotografías, mensajes de chats y otras evidencias que, según ellos, demuestran un incumplimiento de las normas que rigen en época electoral.

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, ya había dejado clara la posición de la entidad. Dijo que una vez llegaran las denuncias contra la campaña de Cepeda, "le darían el trato que corresponde según los procedimientos internos". Esto significa que los reportes serán repartidos entre los nueve magistrados del CNE, quienes designarán a los encargados de elaborar una ponencia que después estudiará la Sala Plena del organismo.

Si se comprueba que hubo violación de la ley electoral, la campaña enfrentaría sanciones administrativas. Quiroz fue enfático en aclarar que "la investigación y las sanciones que ponemos como Consejo Electoral son administrativas, no somos jueces de la República que pueden restringir alguna participación". Con esto el CNE deja claro que su competencia es la investigación y sanción administrativa, no decisiones sobre la participación política de candidatos o campañas.