La Red de Veedurías de Colombia activó las alarmas sobre lo que considera una de las interferencias más serias en el proceso democrático del país. A través de una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación, acusa a la firma encuestadora AtlasIntel de manipular la opinión pública mediante estudios electorales presentados bajo falsas premisas durante la actual campaña presidencial.

El abogado y veedor ciudadano Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías y coordinador internacional de Veedores Sin Fronteras, fue quien radicó formalmente la denuncia. En el documento solicita que se investiguen no solo a los directivos de AtlasIntel, sino también a posibles financiadores, aliados y beneficiarios de los estudios que fueron divulgados públicamente.

Lo más grave de la acusación tiene que ver con la metodología. Según informes técnicos que habrían sido adelantados por el Consejo Nacional Electoral, varios de los estudios presentados por AtlasIntel correspondían en realidad a sondeos no probabilísticos, es decir, que no tienen la solidez estadística necesaria para ser considerados encuestas representativas del electorado. Sin embargo, fueron difundidos ante la opinión pública como si tuvieran esa validez. La Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas del CNE habría detectado problemas graves: ausencia de un diseño probabilístico verificable, falta de trazabilidad y dificultades para replicar los resultados.

La denuncia plantea que esta divulgación reiterada de datos cuestionables pudo haber influido directamente en cómo votaron los colombianos. Según la Red de Veedurías, estos estudios habrían generado fenómenos como el voto útil, afectado alianzas políticas y cambiado la percepción pública sobre la viabilidad de ciertos candidatos presidenciales. En otras palabras: los números falsos podrían haber modificado el comportamiento electoral de los ciudadanos.

La investigación solicitada va más allá. Bustos Sánchez pide que se investiguen los posibles vínculos entre AtlasIntel, campañas políticas específicas y terceros interesados en la difusión de estos estudios cuestionados. Para ello, solicita que se practiquen inspecciones judiciales, peritajes estadísticos independientes y que se preserve urgentemente toda la evidencia digital: correos, bases de datos y comunicaciones internas de la firma.

Vale recordar que en 2025 se aprobó la Ley 2494, la cual prohíbe expresamente la divulgación de sondeos sobre intención de voto y establece estándares estrictos de transparencia y verificabilidad para las encuestas políticas en Colombia. La denuncia argumenta que AtlasIntel habría incumplido estas disposiciones.

Hasta el momento, AtlasIntel no ha emitido un comunicado oficial respondiendo a estas acusaciones. La Fiscalía deberá decidir si abre una noticia criminal y asigna el caso a una unidad especializada en delitos electorales, como lo solicita la Red de Veedurías.