Mientras Aida Quilcué avanza en su candidatura como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, quien lidera las encuestas presidenciales, enfrenta ahora un escrutinio más intenso que el que ya soporta como senadora. Este miércoles salió a la luz una denuncia que la pone en el ojo del huracán: sus familiares cercanos habría recibido más de $869 millones en contratos estatales durante la actual administración.

La denuncia proviene del abogado Santiago Henao, cercano al representante electo Jaime Arizabaleta del Centro Democrático, quien hizo público que parientes de Quilcué, incluyendo su hija, han firmado contratos con entidades del Estado. Al revisar el portal Secop (la plataforma pública donde constan los contratos), se evidencia que estos acuerdos fueron suscritos principalmente bajo la modalidad de contratación directa, una práctica legal pero que en este caso genera preocupación sobre posibles conflictos de interés.

Mayerly Alejandra Legarda Quilcué, hija de la senadora, aparece con contratos por $130 millones. Uno de los más recientes, por $77 millones, fue suscrito el 27 de enero de este año con la Unidad de Restitución de Tierras para "prestar servicios profesionales para apoyar actividades de cumplimiento y fortalecimiento de la etapa posfallo en territorio según sentencias y autos". Legarda Quilcué, profesional en comunicación social, también tuvo contratos previos con la misma entidad: uno de $29 millones entre junio y diciembre de 2023, y otro de $24 millones en febrero de ese año.

Otro caso está en Karen Yisel Hernández Quilcué, quien según Henao es familiar de la senadora y suma contratos por $475 millones repartidos entre la Unidad de Tierras y los ministerios de Ambiente y Cultura. Solo en los últimos meses ha firmado acuerdos por $55 millones en el Ministerio de Ambiente (23 de enero) y $61 millones en Tierras (14 de enero). El rastro de contratos de Hernández Quilcué se remonta hasta septiembre de 2022, un mes después de que Gustavo Petro asumiera la presidencia.

Igualmente, Kelly Johana Quilcue Vivas aparece en registros con contratos por $264 millones. Uno reciente de $116 millones fue firmado el 2 de abril de 2025 con el Ministerio de Ambiente, mientras que otros alcanzaron los $78 millones en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) en abril de 2024.

Ante la acumulación de estos contratos, Henao cuestionó la transparencia y los posibles conflictos de interés. "Es increíble esto cuando la izquierda tanto habló del nepotismo en campaña", reclamó el abogado. La denuncia golpea especialmente porque toca un tema que fue central en la campaña presidencial de 2022.

ÚltimasNoticias Colombia intentó contactar a la senadora Aida Quilcué para obtener su versión de los hechos, pero ella no respondió las llamadas ni mensajes. La ausencia de respuesta deja sin aclaraciones públicas unos señalamientos que prometen ser materia de debate en la campaña electoral que se aproxima.