Una democracia que deja gente afuera no es realmente democracia. Esa reflexión quedó en el aire durante el foro "Democracia sin barreras", un encuentro organizado por el Consejo Nacional Electoral donde se reunieron funcionarios de la Registraduría, organizaciones sociales y expertos para hablar de un tema que sigue siendo pendiente en el país: cómo garantizar que las personas con discapacidad puedan votar y participar plenamente en la vida política. Según la Organización Mundial de la Salud, el 16 por ciento de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad. En Colombia no hay cifras actualizadas, pero todos coinciden en que son millones de personas que día a día topan con trabas para ejercer sus derechos políticos.

Aquí viene lo interesante: el Ministerio del Interior y toda la institucionalidad electoral son enfáticos en aclarar que esto no es un favor, es un derecho. La Constitución de 1991 es clara al respecto. Desde el artículo 40 queda establecido que todos los colombianos tienen derecho a participar en las decisiones públicas, elegir y ser elegidos, sin que el asunto de la discapacidad sea un obstáculo. Además, Colombia se comprometió internacionalmente mediante la Ley 1346 de 2009 a garantizar que las personas con discapacidad voten en igualdad de condiciones. Dicho y hecho, al menos sobre el papel.

Pero aquí está el nudo del problema. Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral, lo plantea así: "Muy pocas personas saben que en todos los puestos de votación hay un cubículo especial para personas con algún tipo de discapacidad, que pueden ir acompañadas cuando tienen alguna condición y que tienen derecho a sufragar de manera libre y tranquila". En otras palabras, existen las herramientas, pero la gente no las conoce. Es un problema de desconocimiento y, en algunos casos, de actitudes sociales que siguen viendo la discapacidad como un impedimento en lugar de una condición que simplemente requiere ajustes.

Diana Palma Pardo, coordinadora de la Secretaría Técnica de Discapacidad de Bogotá, fue directa: "No hace falta inventarse más normas, sino aplicar las existentes para cerrar las brechas de participación". Eso lo comparte Nicolás Liendo, de Idea Internacional, quien señala que una democracia verdaderamente inclusiva va más allá de elecciones transparentes. Necesita que todos los ciudadanos puedan participar sin trabas.

La Registraduría ha montado un sistema de apoyos. Hay cubículos preferenciales en los puestos de votación, tarjetas electorales en braille para personas con discapacidad visual, la posibilidad de ir acompañado si se requiere, y atención prioritaria. Rafael Antonio Vargas, director de Gestión Electoral de la Registraduría, insiste en que "todos debemos estar enfocados en eliminar las barreras", incluso cuando haya una sola persona con discapacidad registrada en un puesto de votación.

De cara a las elecciones de 2026, el protocolo electoral contempla diferentes tipos de discapacidad. Para quienes tienen discapacidad visual hay tarjetas en braille y posibilidad de acompañante. Para los sordos o con limitaciones auditivas, comunicación clara e información accesible. Quienes usan silla de ruedas o tienen problemas de movilidad cuentan con accesos preferenciales y espacios adecuados. También se prevén ajustes para personas con discapacidad intelectual, psicosocial o múltiple, respetando siempre su autonomía.

El mensaje de fondo es contundente: las personas con discapacidad tienen exactamente los mismos derechos políticos que cualquier otro ciudadano. Pueden votar, pueden ser elegidas, pueden participar en consultas. Pero para que esto deje de ser un derecho solo en el papel, hace falta que la información llegue, que los funcionarios apliquen lo que ya existe, y que la sociedad entienda que la inclusión en la democracia no es un acto de caridad sino una obligación fundamental.