Una batalla legal sin precedentes acerca de quién controla las decisiones sobre dinero e inflación llegó al Consejo de Estado. El abogado Rodrigo Galarza Naranjo presentó una demanda que busca eliminar un requisito que, hasta ahora, parecía normal: que el Ministro de Hacienda deba estar presente en las reuniones de la Junta Directiva del Banco de la República para que éstas sean válidas. El reclamo apunta específicamente al artículo 35 del Decreto 2520 de 1993, que establece que la Junta necesita al menos cinco miembros presentes, "uno de los cuales deberá ser el Ministro de Hacienda".

Lo que precipitó esta demanda ocurrió el 31 de marzo de 2026. Después de una reunión de la Junta, el ministro Germán Ávila anunció públicamente que "rompía relaciones con el Banco" y no regresaría a las sesiones. El presidente Gustavo Petro respalda esta posición desde su cuenta en la red social X, donde afirmó que "el gobierno se retira de la junta" y calificó la actitud del Banco como una "oposición suicida". El problema es urgente: la Junta tiene programada una sesión crítica el 30 de abril donde debe decidir sobre la tasa de interés de intervención, la herramienta principal para controlar la inflación. Si el ministro no asiste, técnicamente no habría quórum y la Junta no podría sesionar, dejando la política monetaria paralizada en un momento en que el país lucha contra alta inflación.

El demandante sostiene que esta situación revela un desequilibrio constitucional grave. Aunque la Constitución establece que el Ministro de Hacienda debe presidir la Junta, esto se pensó para coordinar las políticas fiscal y monetaria, no para dar al Gobierno un derecho de veto sobre decisiones técnicas. El Banco de la República, explica la demanda, fue diseñado como un órgano independiente que debería funcionar sin instrucciones políticas, precisamente para mantener una "moneda sana" alejada de manipulaciones electorales. La ironía que señala la acción judicial es contundente: mientras el Banco no tiene poder para bloquear las decisiones de gasto del Gobierno, éste sí puede paralizar toda la política monetaria simplemente no asistiendo a las reuniones.

El demandante pide medidas urgentes al Consejo de Estado. Quiere que suspendan provisionalmente la exigencia de que el Ministro esté presente para que la Junta sea válida. También solicita que se ordene al Ministro asistir a las sesiones convocadas y que se le prohíba retirarse estratégicamente para romper el quórum. Además, pide que se ordene al Presidente de la República abstenerse de instruir al Ministro para que no concurra. Los riesgos que enumera son económicos serios: inflación descontrolada, devaluación de la moneda y cierre del acceso a mercados de deuda internacional.

Para apoyar su argumento, la demanda incluye un informe de la agencia calificadora S&P Global Ratings del 8 de marzo, donde redujeron la calificación de la deuda colombiana y advirtieron que cualquier daño a la independencia del Banco podría traer nuevas rebajas. También adjunta las actas de las reuniones de enero y marzo, que muestran cómo la Junta ha venido subiendo la tasa de interés hasta 11,25 por ciento, decisiones que son exactamente las que molestan al Gobierno.

En términos simples, lo que está en juego es esto: ¿puede un funcionario del Gobierno paralizar las decisiones sobre dinero e inflación solo rehusándose a asistir a una reunión? El Consejo de Estado tendrá que decidir pronto si admite la demanda y si otorga las medidas cautelares antes de que termine abril, cuando vence el plazo de esa reunión crucial del Banco. La respuesta dirá mucho sobre cuál institución tiene realmente el control sobre la moneda en Colombia.