La designación de Daniel Quintero como superintendente Nacional de Salud ya tiene una batalla legal en su contra. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, junto con los gerentes de los hospitales públicos de la ciudad, presentaron una demanda de nulidad electoral ante el Consejo de Estado. Lo que buscan es dejar sin efectos el Decreto 0433 del 23 de abril de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional oficializó el nombramiento del exalcalde en la entidad encargada de controlar el sistema sanitario en Colombia.

Los demandantes cuestionan que Quintero no cumple con los requisitos constitucionales y legales necesarios para dirigir la Superintendencia de Salud. El principal argumento es que su formación como ingeniero electrónico con especialización en finanzas no corresponde a las áreas de conocimiento que exige un cargo técnico de esta envergadura. Según la demanda, para dirimir la Superintendencia se necesita formación directamente relacionada con la administración o prestación de servicios de salud.

Otro punto crítico es la experiencia profesional. Los demandantes plantean que la trayectoria de Quintero se ha enfocado en tecnología, innovación y administración pública general, sin que tenga experiencia directa en funciones de inspección y vigilancia del sistema sanitario. A esto se suma el cuestionamiento sobre si cumple con los 84 meses de experiencia profesional relacionada que exige la ley, especialmente si se computa su periodo como alcalde de Medellín, pues argumentan que esas funciones no son equivalentes a la experiencia técnica requerida.

Los accionantes sostienen que este nombramiento vulnera el principio de mérito y la idoneidad técnica en cargos de tanta responsabilidad. Advierten que tener un superintendente sin el perfil adecuado podría poner en riesgo la estabilidad del sistema de salud y la supervisión de los servicios en un momento que califican como crítico para el sector.

Por eso, además de pedir la nulidad del decreto, solicitaron al Consejo de Estado que aparte a Quintero del cargo de forma provisional mientras se resuelve el fondo del proceso. La Sección Quinta del Consejo de Estado será la responsable de decidir si admite la demanda y si procede la suspensión inmediata, en medio de la polémica nacional que ha generado esta designación.