La designación de Daniel Quintero como superintendente de Salud ha generado una batalla legal. Tres ciudadanos presentaron una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Antioquia cuestionando la decisión presidencial de nombrarlo para este cargo. Los demandantes sostienen que la designación vulneraría derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa, la protección del patrimonio público y el correcto funcionamiento del sistema de salud.

El cuestionamiento central gira alrededor de la experiencia profesional. Los accionantes señalan que Quintero ha trabajado principalmente en tecnología, innovación, política y administración pública, pero no tiene recorrido en salud. Para ellos, esto es problemático porque la Superintendencia de Salud requiere conocimientos muy específicos: entender cómo funciona la regulación sanitaria, controlar las entidades promotoras de salud (EPS) e intervenir estos organismos cuando es necesario. Según la demanda, nada de esto aparece en el perfil profesional del exalcalde.

Pero hay más preocupaciones. Quintero se encuentra en juicio por presuntos delitos de peculado por apropiación y prevaricato dentro del caso conocido como Aguas Vivas. Además, la Procuraduría le impuso una sanción disciplinaria que incluye inhabilidad para ejercer funciones públicas, decisión que está bajo revisión en el Consejo de Estado. Los demandantes ven todo esto como un obstáculo para que asuma un cargo que exige transparencia y credibilidad.

Un punto que también inquieta a los accionantes tiene que ver con lo que consideran prejuzgamientos. Antes de ser nombrado, Quintero hizo declaraciones públicas sobre algunas EPS, como Sura. Para los demandantes, esto ya muestra una postura que comprometería su imparcialidad como superintendente, justamente cuando el sistema de salud enfrenta desafíos serios: varias aseguradoras han sido intervenidas y hay dificultades financieras que afectan a millones de afiliados en el país.

Los demandantes pidieron al tribunal que suspenda el nombramiento y adopte medidas cautelares mientras se falla el caso. Ahora es el Tribunal Administrativo de Antioquia quien debe decidir si admite la demanda y si ordena medidas provisionales en tanto se resuelve el fondo de la controversia.