La presidenta encargada de Venezuela cerró la puerta a una de las iniciativas económicas más importantes que el presidente colombiano Gustavo Petro había planteado para fortalecer la relación bilateral. Delcy Rodríguez respondió públicamente el 13 de marzo, a través de sus redes sociales, explicando por qué su gobierno no puede aceptar el establecimiento de un arancel cero en el comercio entre ambos países.

Rodríguez fue directo en su mensaje: "Presidente Petro, nos gustaría, pero no se puede, porque el pueblo venezolano está sancionado, el pueblo productor venezolano está sancionado. No podemos ir en igualdad de condiciones". Con esa respuesta, la mandataria venezolana explicó que las restricciones económicas internacionales que pesan sobre su país generan una situación de clara desventaja que haría imposible competir con productos colombianos bajo esas condiciones.

La posición de Venezuela llegó después de que delegados del Gobierno colombiano, incluyendo los ministros de Defensa, Comercio, Relaciones Exteriores y Minas y Energía, viajaran a Caracas para sostener reuniones sobre la agenda bilateral. Aunque esta cumbre buscaba impulsar el intercambio económico entre las dos naciones, los venezolanos consideraron que la propuesta de aranceles cero no era viable en el contexto actual de sanciones internacionales.

Según Rodríguez, el gobierno venezolano necesita mantener medidas de protección para su sector productivo. "Tenemos que acompañar a nuestro país productivo para que, en esas condiciones de desigualdad, podamos ir a un comercio exterior que beneficie al pueblo venezolano", argumentó la mandataria.

Más allá de lo comercial, las conversaciones en Caracas incluyeron otros temas cruciales para ambos países. Petro escribió en su cuenta de X que buscan una "actividad coordinada, íntegramente, para desalojar los grupos armados del narco de la frontera entre Colombia y Venezuela". Entre los grupos criminales en la mira están el ELN, el Tren de Aragua y disidencias de las antiguas FARC que operan en zonas de difícil control.

La agenda bilateral también contempla iniciativas de cooperación energética y medidas para fortalecer la relación entre los habitantes de la frontera, incluida la posibilidad de establecer una doble nacionalidad con plenos derechos. Sin embargo, muchos de estos proyectos dependen del levantamiento o flexibilización de las sanciones internacionales que administra la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos.

Ambos gobiernos mantienen abiertas las conversaciones y están planeando una nueva cumbre bilateral para las próximas semanas, aunque por ahora el optimismo comercial se ve limitado por la realidad de las sanciones económicas que enfrentea Venezuela.