La mala noticia llegó en un boletín del Ideam divulgado el 31 de marzo de 2026. En 2025 se perdieron 72.409 hectáreas de bosque en Colombia, un 6 % más que en 2024. El dato golpea el optimismo que el Gobierno había pregonado en sus reportes recientes y confirma que, aunque el país sigue por debajo de los niveles de 2021, la sierra deforestadora levantó la cabeza de nuevo.

Lo preocupante es que el problema se concentra donde siempre: en la Amazonía. Caquetá encabeza la lista con 16.015 hectáreas perdidas, seguido de Meta con 9.537 y Guaviare con cerca de 6.068. En total, la región amazónica suma 36.129 hectáreas de deforestación repartidas en 21 focos activos. No se trata de una presión distribuida equitativamente en el país. Es un fenómeno bien localizado en los mismos corredores donde años atrás conviven el acaparamiento de tierras, la ganadería sin límites y la apertura de vías ilegales.

Eso sí, hay que entender cómo el Gobierno sigue defendiéndose. Su meta de reducción de bosque no se compara con 2024, sino con 2021, cuando la línea base fue de 174.103 hectáreas. El objetivo para este cuatrienio es llegar a 140.000. Bajo esa lógica, el Ejecutivo mantiene que cumple la reducción acumulada. En 2023 había caído a 79.256 hectáreas, mientras que en 2024 subió a 113.608, pero seguía siendo un 34 % menos que en 2021. El dato de 2025 no borra esa reducción de un solo golpe, pero sí muestra que el freno dejó de ser constante.

Entonces, ¿qué está pasando? La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, cambió la explicación. El aumento, dijo, está ligado a la ganadería extensiva, la construcción de vías ilegales y el acaparamiento de tierras. Ya no culpa principalmente a los cultivos ilícitos como antes, sino a la transformación del bosque en praderas para colonizar y valorizar terrenos.

El Gobierno se agarra de dos argumentos para defenderse del repunte. Primero, que dentro de los Parques Nacionales Naturales de la Amazonía la deforestación bajó un 25 %, pasando de 9.298 hectáreas en 2024 a 6.938 en 2025. Segundo, el programa Conservar Paga, que entrega incentivos a 6.730 familias campesinas, indígenas y afrodescendientes, y ha protegido más de 270.000 hectáreas de bosque en Putumayo, Caquetá, Guaviare y el sur del Meta.

A eso suma operativos contra economías ilegales y mejor monitoreo. La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, aseguró que han mejorado sus capacidades técnicas para detectar con más precisión la pérdida de bosque y entregar información más rápido. Pero lo cierto es que los números están ahí, y muestran que la batalla por los bosques colombianos sigue siendo una carrera de nunca acabar.