El país enfrenta una situación fiscal crítica que no es accidental, sino el resultado de decisiones concretas sobre hacia dónde dirigir el gasto público. El déficit fiscal llegó a 8% del PIB en 2025, superando incluso los registros de la pandemia. Pero las cifras que más preocupan no son solo el tamaño del agujero fiscal, sino cómo se generó.

La nómina del Gobierno Nacional, sumando funcionarios y contratistas, creció de manera dramática. Pasó de 16,9 billones de pesos en 2022 a 29,4 billones proyectados para 2026. Son 12,5 billones adicionales destinados a burocracia que, en cambio, pudieron haber ido a reducir listas de espera en salud, terminar vías terciarias, financiar educación técnica o apoyar pequeños productores en el país.

Lo más preocupante es cuándo ocurrió esta expansión. De esos 12,5 billones adicionales, 6 billones corresponden a 56.842 contratos de prestación de servicios suscritos antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías en enero de 2026. Esta ley fue diseñada precisamente para evitar que el Estado use la chequera pública como herramienta política en vísperas electorales. Lo que ocurrió fue una carrera contra el reloj para comprometer recursos antes de que se cerrara esa puerta.

Para sostener esta expansión burocrática, el gobierno aumentó el endeudamiento de manera acelerada. La deuda pública pasó de 800 billones de pesos al llegar Petro a la presidencia a 1.180 billones en la actualidad. En tres años y medio, se contrajo casi 400 billones adicionales en deuda. Hoy, 21 de cada 100 pesos del presupuesto se destinan únicamente al pago de deuda e intereses, dinero que no va a educación, salud ni infraestructura.

Esta deuda es cada vez más costosa de mantener. En diciembre de 2025, el Ministerio de Hacienda entregó Títulos del Tesoro por 23 billones de pesos a una tasa de 13,15%, una operación que genera dudas sobre su transparencia y que compromete aún más la sostenibilidad financiera del país.

Las consecuencias son visibles en la vida cotidiana de los colombianos. Tasas de interés más altas, crédito más costoso y menor inversión privada. El sueño de comprar vivienda, emprender o acceder a financiación se aleja para millones de personas. El discurso prometía justicia social, pero el resultado ha sido más burocracia, más deuda y presión sobre los impuestos.

Colombia necesita un giro hacia la responsabilidad fiscal, transparencia en la contratación estatal y un Estado que invierta en la gente, no en su propia maquinaria.