Los números que presenta la Defensoría del Pueblo son contundentes y preocupantes. El 41 % de las víctimas de acoso sexual en contextos de poder simplemente decide no denunciar. Cuando lo hacen, el 59 % se encuentra con barreras para acceder a la justicia. Además, el 40 % sufre represalias laborales y el 55 % desarrolla afectaciones en su salud mental. Estos datos provienen del seguimiento que realiza la Defensoría a través de su Mecanismo de Denuncia de Acoso Sexual en Contextos de Poder, una herramienta creada para documentar y acompañar estos casos con un enfoque que combina lo psicológico y lo jurídico.

Desde que se creó, el mecanismo ha acompañado 24 casos. Aunque la cifra pueda parecer pequeña, para la defensora del Pueblo, Iris Marín, refleja algo mucho más grave. Estos casos han permitido "dimensionar la magnitud de la vulneración de derechos e identificar patrones de abuso de poder, represalias, afectaciones a la salud mental y desconfianza frente a la respuesta institucional". En conversación con El Tiempo, Marín fue clara en su diagnóstico: "Las violencias no están siendo contenidas por las instituciones y encuentran en ellas condiciones que permiten su persistencia. En muchos casos, las entidades se limitan a describir rutas o competencias, sin evidenciar su activación efectiva ni el impacto real de las medidas adoptadas".

El problema tiene un rostro. Son personas ubicadas en "posiciones de poder o superioridad, ya sea jerárquica, laboral, académica, política, económica, mediática, simbólica o espiritual". Ese poder no es abstracto: se traduce en la capacidad de controlar la estabilidad laboral o académica de las víctimas, de condicionar oportunidades, de dominar espacios enteros y, en muchos casos, de influir hasta en las respuestas institucionales. Todo esto, según Marín, se logra mediante "mecanismos de presión, intimidación, manipulación o coacción".

Cuando una víctima se atreve a denunciar, la Defensoría intenta sostenerla. Activa acompañamientos que incluyen atención psicosocial, orientación jurídica, gestión ante las autoridades y seguimiento continuo. En algunos casos, cuando los agresores responden con acciones legales contra la propia víctima —como demandas por injuria o calumnia—, la entidad proporciona representación y defensa técnica. También exige a las instituciones que tomen medidas de protección, garantías contra represalias y acciones que eviten revictimizar a quien ya sufrió el acoso.

A pesar de estos esfuerzos, la realidad es cruda. La defensora Marín lo sintetizó en una frase que resume el diagnóstico: "Las instituciones están permitiendo la persistencia de estas violencias basadas en género". Este diagnóstico cobra especial relevancia en las últimas semanas, cuando han salido a la luz denuncias de acoso sexual en varios medios de comunicación. El despido de los periodistas Ricardo Orrego de Noticias Caracol y Jorge Alfredo Vargas de Blu Radio puso en evidencia situaciones de acoso al interior de estas empresas. Por eso, el presidente de Caracol Televisión, Gonzalo Córdoba Mallarino, ofreció disculpas públicas a quienes resultaron afectados. Ahora, el Ministerio del Trabajo realizó inspecciones en Caracol TV y ha ampliado sus revisiones a RCN y RTVC.