La salud en Colombia está de rodillas. Las imágenes que se repiten cada semana sin parar siguen golpeando la sensibilidad de los colombianos: personas tendidas en el piso llorando, ancianos acampando en las puertas de las clínicas buscando sus medicinas, pacientes protestando desesperados afuera de las EPS. La situación no mejora; al contrario, empeora cada día que pasa.

La Defensoría del Pueblo acaba de soltar un informe que confirma lo que millones de colombianos ya vivimos en carne propia. Con motivo del Día Mundial de la Salud el pasado 7 de abril, la entidad publicó sus hallazgos: de los 1,2 millones de tutelas que se presentaron en todo el país el año pasado, 378.895 fueron precisamente por fallas en la atención médica. La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, fue clara al respecto: "La salud no es un privilegio, es un derecho humano esencial. Es la base de una vida digna y refleja cuánto nos cuidamos como sociedad".

Las víctimas de este colapso tienen rostro. Mujeres, comunidades rurales, adultos mayores y familias donde una madre debe sacar adelante todo sola. Son ellos quienes más sufren las consecuencias. El informe revela que el gasto en salud se ha disparado: en 2024, las familias colombianas destinaron en promedio el 17% de sus ingresos a la salud, cuando en 2019 apenas llegaba al 15%. Peor aún, cuatro de cada diez colombianos no lograron acceder a servicios de salud de forma adecuada. La Defensoría lo dejó así: "Las poblaciones de territorios pobres y dispersos enfrentan una doble exclusión: barreras de acceso a la salud y a la justicia para que sea garantizado su derecho".

Cuando los pacientes acuden a los juzgados para defender su derecho fundamental a la salud, los magistrados atienden el llamado. De las 380.000 tutelas por vulneración al derecho a la salud que se interpusieron el año pasado, los jueces fallaron a favor en 297.150 casos, es decir, en ocho de cada diez ocasiones. Pero aquí viene lo más inquietante: Nueva EPS, la empresa intervenida por el Gobierno, tiene más de 120.000 de esas tutelas sin abrir en el correo. Ni siquiera las han leído. Las quejas contra esta EPS se multiplicaron de 358.326 en 2024 a 518.196 en 2025. Más de quinientas mil personas gritando que algo está mal.

Andrés Ariza es uno de ellos. Con 58 años, vive con VIH desde hace tres décadas. En conversación con EL COLOMBIANO, contó que durante años no tuvo inconvenientes con Nueva EPS, pero hace un año el panorama cambió radicalmente. Necesita antirretrovirales que no le entregan desde hace un mes. Compra él mismo el escitalopram gastándose 60.000 pesos mensuales de su bolsillo. El lozartán para la presión sigue sin llegar. Y lo que más lo afecta es que ni siquiera le responden sus solicitudes de citas. Esperaba una cita con el urólogo, pero la EPS le dijo que el convenio con su clínica expiró y no saben con quién renovarán. Cuando pidió cita de psiquiatría, tuvo que pagársela él mismo: 200.000 pesos. "Yo ya me rendí", confesó en su conversación con el medio. "Me rendí de esperar a diario en la clínica, me cansé de esperar los medicamentos de psiquiatría. Eso es lo que uno siente, que ellos esperan que la gente se canse y renuncie a la idea de que le entreguen las cosas. Ellos quieren que uno los asuma particularmente".

El problema no es solo de gestión: es estructural. Colombia apenas tiene 18 farmacéuticos por cada 100.000 habitantes, mientras que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico el promedio es de 86. En infraestructura hospitalaria pasa algo similar: contamos con 1,9 camas por cada mil personas, cuando en esos países el promedio llega a 4,2. Las finanzas de las EPS están en rojo profundo: terminaron 2025 con un patrimonio negativo de 16,86 billones de pesos, una cifra que deja ver que ni siquiera vendiendo todos sus bienes lograrían pagar sus deudas.

La Defensoría realizó 600 encuestas y encontró algo que debería alarmar a todos: los jóvenes confían más en sus amigos y familias que en las instituciones; las personas privadas de la libertad se sienten abandonadas y solo le rezan a Dios por sus problemas de salud. Los únicos referentes de confianza que quedan son los trabajadores de la salud, los jueces y la Defensoría misma. Por eso la entidad convocó con el lema "Escuchar para cuidar", porque la salud comienza cuando la sociedad y sus instituciones se atreven realmente a escuchar a la gente, entienden sus realidades y responden sus necesidades antes de que lleguen hechos polvo a un hospital.