La muerte de un joven de 20 años se convirtió este martes en un nuevo síntoma de la profunda crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia. Jeisson Javier Pinzón Sandoval, quien padecía leucemia linfoblástica aguda, falleció el 14 de marzo esperando que Nueva EPS le entregara blinatumomab, una medicina esencial para su tratamiento. Lo más grave: llevaba reclamando ese medicamento desde octubre de 2025, sin obtener respuesta de la aseguradora.

La Defensoría del Pueblo no se quedó callada. A través de un trino, la entidad calificó el caso como "desgarrador" y enfatizó que "una respuesta oportuna habría podido ser la diferencia entre la vida y la muerte, y lo puede estar significando para otros pacientes en espera". La declaración viene cargada de frustración institucional ante una situación que parecería inverosímil en un país con sistema de salud regulado: un joven que reclamó durante meses un medicamento prescrito por sus médicos, que contaba incluso con un fallo de tutela a su favor ordenando a Nueva EPS entregarlo, y que aun así murió sin recibirlo.

Jeisson recibió su diagnóstico en febrero de 2025. Ocho meses después, sus médicos ordenaron el blinatumomab como parte fundamental del esquema para combatir su enfermedad, medicamento que necesitaba para un trasplante de médula ósea. Pero entre la orden médica y sus manos nunca llegó nada. Ni siquiera la decisión de un juez pudo hacer que Nueva EPS cumpliera. Según el testimonio que el propio Jeisson entregó a la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma antes de morir, la EPS simplemente no respondió a sus peticiones.

La Defensoría fue contundente en su diagnóstico: "Durante meses, Jeisson reclamó el medicamento que le prescribieron y la Nueva EPS no le dio respuesta. Los problemas de oportunidad y las interrupciones en los tratamientos vulneran la salud y la vida de los pacientes con cáncer". Además, señaló que la aseguradora "no ha logrado estabilizar la red de dispensación de medicamentos a sus afiliados en varias regiones del país, a pesar de los llamados de la Defensoría del Pueblo, de los veedores y de las entidades de vigilancia y control".

El mensaje final de la entidad no deja lugar a ambigüedades. "Reiteramos el llamado a la Nueva EPS y al Gobierno nacional para garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios de salud y a los medicamentos esenciales. Los principios constitucionales no admiten excusas administrativas cuando la salud y la vida están en riesgo", sentenció la Defensoría.

Lo que quedó claro es que en el caso de Jeisson no se trató de una decisión médica discutible, ni de un medicamento sin indicaciones claras. Era un tratamiento prescrito, ordenado judicialmente, y que simplemente nunca llegó. Para la Defensoría, eso no es un problema administrativo que merezca disculpas. Es una violación del derecho a la salud que cuesta vidas.