La tensión entre la disidencia de las Farc que comanda "Iván Mordisco" y los organismos humanitarios internacionales escaló este jueves cuando la Defensoría del Pueblo salió a cuestionar las restricciones anunciadas por el Estado Mayor Central. Los disidentes decidieron bloquear el ingreso de tres entidades clave: la Misión de Verificación de la ONU, la MAPP-OEA y la Defensoría del Pueblo en los territorios que controlan.

La justificación que dieron los terroristas fue contundente desde su óptica. Alegaron que "acciones humanitarias y de verificación han sido utilizadas para obtener información de nuestras posiciones, facilitando operaciones militares en nuestra contra". También denunciaron lo que llamaron "graves violaciones de confianza y neutralidad" y se quejaron del silencio que, según ellos, mantienen estas entidades frente a presuntos homicidios cometidos por la Fuerza Pública.

La Defensoría respondió sin titubeos. En un comunicado publicado al día siguiente, la entidad afirmó que "lamenta el anuncio" de los disidentes y fue directo al punto: "Esta decisión vulnera el derecho internacional humanitario (DIH), ya que limita la labor para la defensa de los derechos de la población civil y agrava su situación de vulnerabilidad". La institución advirtió sobre el impacto real en el terreno: "Impedir o condicionar la presencia de organismos humanitarios imposibilita el monitoreo sobre riesgos para la población civil, deja a las comunidades sin el acompañamiento al que tienen derecho, limita el acceso a la atención humanitaria y coarta las labores para aliviar su sufrimiento".

Lo que más preocupa a la Defensoría es cómo esta disidencia intenta deslegitimar su trabajo. La entidad dejó claro que sus actuaciones son "imparciales, independientes y autónomas, orientadas a la construcción de paz con respeto de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la protección de la naturaleza". Su labor incluye tareas tan sensibles como la liberación de secuestrados, la recuperación de menores reclutados a la fuerza y las evacuaciones médicas de heridos en el conflicto.

Los territorios donde el Estado Mayor Central ejerce control se distribuyen principalmente en Cauca, Valle del Cauca, Guaviare, Meta y Amazonas. En estos departamentos, las comunidades que ya sufren los embates del conflicto ahora quedan aún más aisladas de la protección internacional. El grupo disidente indicó que solo permitirá misiones del Comité Internacional de la Cruz Roja en sus zonas.

"Iván Mordisco", cuyo verdadero nombre es Néstor Vera Fernández, encabeza a los disidentes más perseguidos del país. El Gobierno Nacional ha puesto sobre su cabeza una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos por información que permita su captura.