La Defensoría del Pueblo salió a rechazar categóricamente el atentado con explosivos que ocurrió en la madrugada del miércoles contra el Batallón Cartagena del Ejército Nacional en Riohacha. El ataque dejó 12 soldados heridos y encendió las alarmas sobre la seguridad de los civiles que viven cerca de las instalaciones militares.

Según la información preliminar que maneja la Defensoría, el ataque sería atribuible al ELN. La entidad expresó su solidaridad con los militares afectados y sus familias, pero fue más allá al señalar un problema que va más a fondo: el peligro real para quienes habitan en esa zona. En el sector donde sucedió el atentado viven comunidades Wayuu y funcionan instituciones educativas como la Universidad de La Guajira y un colegio. Esto significa que estudiantes, docentes y población civil estuvieron expuestos al riesgo durante el ataque.

Lo preocupante es que esto no fue una sorpresa. La Defensoría ya había advertido sobre esta situación a través de la Alerta Temprana 020 de 2025, donde alertaba precisamente sobre los riesgos que generan las disputas territoriales entre grupos armados ilegales en Riohacha y cómo esas confrontaciones afectan a las comunidades.

Ante esto, el organismo le pidió con urgencia al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes que tomen medidas de protección y prevención en la zona. Se trata de fortalecer las acciones para resguardar a la población civil de los efectos del conflicto armado que persiste en La Guajira.

Finalmente, la Defensoría reiteró a los grupos armados ilegales que tienen la obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario y abstenerse de realizar acciones que expongan a riesgo a las comunidades y los espacios educativos.