La Defensoría del Pueblo levanta la voz contra lo que considera un nuevo golpe a su presupuesto. El organismo que vela por los derechos humanos en Colombia ha visto menguar sus recursos de forma sostenida desde 2024, y para 2027 el Gobierno proyecta asignarle apenas 1,06 billones de pesos. Eso significa más de doscientos mil millones menos que en 2024, cuando contaba con 1,27 billones. La defensora Iris Marín no quiere quedarse callada esta vez. En una carta dirigida al ministro de Hacienda Germán Ávila, califica el recorte como "unilateral" y advierte que "vulnera el principio de autonomía constitucional, inclusive presupuestal".

La problemática viene de lejos. A lo largo de 2025, el Gobierno de Gustavo Petro (quien ternó a Marín en 2024) ha tratado la Defensoría de manera diferente a otras entidades. Mientras la Procuraduría recibió aumentos significativos en el debate presupuestal del Congreso —pasando de 1,51 billones a 2,1 billones de pesos en 2026, coincidiendo con la aprobación de su universidad— la Defensoría ha visto lo contrario. Cuando solicitó 1,34 billones de pesos para 2026 considerando inflación y años electorales, tanto Hacienda como el Congreso ignoraron la petición. Terminó recibiendo 1,19 billones, una caída de unos 60 mil millones frente a 2025.

Los números proyectados para 2027 son más preocupantes aún. El gasto de funcionamiento caería a poco más de 995 mil millones, y la inversión se desplomaría a 66,4 mil millones, una caída del 59 por ciento. Marín señala que estos montos son "insuficientes para garantizar el cumplimiento de la misionalidad de la entidad", especialmente cuando muchos gastos son inflexibles e indispensables para mantener presencia en el territorio donde actúa.

El impacto ya es visible en la defensa pública. A finales de 2025, alrededor de cinco mil integrantes del sistema de defensa pública no recibieron sus últimos honorarios del año, pese a cargar con aproximadamente cuatrocientos casos cada uno de personas acusadas que no pueden pagar abogado. El Colegio de Abogados Penalistas denunció el hecho el 25 de diciembre, afirmando que "no hay justicia posible cuando quienes la sostienen trabajan sin remuneración oportuna". El Ministerio Público aseguró que quería pagar antes de las festividades, pero que Hacienda no lo permitió. Los giros se desbloquearon apenas el 20 de enero de 2026.

Lo curioso es que la Constitución Política establece que la Defensoría tiene autonomía administrativa y presupuestal. Sin embargo, en la práctica eso parece ser letra muerta. El Gobierno asigna lo que considera conveniente, y el Congreso incluso lo reduce. "¿Qué significa en la práctica la autonomía presupuestal constitucional de la Defensoría del Pueblo?", cuestiona Marín. El Colegio de Penalistas fue más directo: "la defensoría pública no es prioridad del Estado".

En su carta de cinco páginas dirigida a Ávila, Marín no solo pide que respeten la autonomía de la entidad, sino que gestionen 211 mil millones de pesos adicionales para alcanzar los 1,27 billones con los que contaba en 2024. Ese es el presupuesto que el Estado considera necesario para su defensa de los derechos humanos. El Ejecutivo anunció que revisará la decisión, aunque las batallas presupuestales anteriores no dan muchas esperanzas. Quien suceda a Petro en la Casa de Nariño presentará el anteproyecto al Congreso a finales de 2026.