La Defensoría del Pueblo estuvo presente en La Guajira en el primer encuentro oficial de consulta previa para debatir un nuevo proyecto de decreto sobre la Línea Negra, el territorio sagrado que los pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta consideran fundamental para su existencia espiritual y cultural. Este espacio de diálogo fue convocado por el Gobierno nacional a través del Ministerio del Interior, y marca un nuevo intento por proteger adecuadamente estos espacios ancestrales.

La necesidad de este nuevo proyecto surgió después de que el Consejo de Estado dejara sin efecto el Decreto 1500 de 2018 en febrero de 2026. La razón fue clara: la consulta previa original con las comunidades afectadas presentó fallas procedimentales graves que violaron los derechos de participación de los pueblos indígenas. El nuevo instrumento busca proteger efectivamente 348 sitios sagrados distribuidos entre La Guajira, Magdalena y Cesar, territorios de importancia inmensa para los Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, además de los pueblos Ette Ennaka, Wayuu y Taganga, así como comunidades negras, afrodescendientes y raizales que ancestralmente habitan la región.

Durante la jornada en La Guajira, los representantes legítimos de consejos comunitarios, autoridades tradicionales y organizaciones indígenas plantearon sus inquietudes y propuestas frente a cómo se aplicaría la protección de estos lugares. La Defensoría del Pueblo realizó un acompañamiento técnico riguroso para garantizar que los saberes ancestrales y las perspectivas de las comunidades quedaran documentados y considerados en el proceso.

Un delegado de la Defensoría destacó la importancia de que el ejercicio de consulta sea "libre, previa e informada", conforme a los estándares internacionales de protección de pueblos indígenas. Explicó que la Línea Negra no es apenas una frontera geográfica, sino un espacio de equilibrio cósmico, protección ambiental y preservación cultural que merece respeto de todas las entidades del Estado y los particulares.

La Defensoría anunció que continuará acompañando este proceso para asegurar que el decreto final refleje el consenso construido junto con las comunidades y garantice la protección real de sus derechos territoriales y culturales.