Con apenas siete semanas para la primera vuelta presidencial, la Defensoría del Pueblo le metió presión a los candidatos. No vino con un catálogo interminable de propuestas, sino con lo que considera innegociable: una agenda mínima en derechos humanos que toca desigualdad, paz y seguridad, ambiente y transformación rural. El mensaje de fondo es contundente: el próximo presidente va a heredar un país con crisis abiertas en todo lado, y tiene que entrar en acción desde el primer día de gobierno.

El primer punto es la desigualdad, pero aquí la Defensoría no quiere que la conversación se quede en números de pobreza. Plantea que el próximo mandatario debe cerrar las brechas que siguen golpeando a mujeres, pueblos étnicos, jóvenes, personas mayores, gente con discapacidad y comunidades rurales. Mete en el debate temas como el Sistema Nacional del Cuidado, que los chicos terminen la escuela, la protección de derechos laborales y una revisión honrada del sistema de salud. La idea es que la política pública llegue a donde de verdad importa: al acceso a salud digna, educación de calidad, empleo decente y protección contra violencias, especialmente contra las mujeres.

En paz y seguridad está quizá lo más delicado. La Defensoría dice que esto no puede presentarse como elegir entre dialogar o usar la fuerza, sino como una política integral que ponga a la población civil en el centro. Para sustentar eso, tiró números duros: durante 2025 se registraron 107.924 personas desplazadas en eventos masivos y 128.825 confinadas. Regiones como Catatumbo, Chocó, Antioquia, Nariño y Caquetá están viviendo lo peor. Encima de eso está la situación de niños y adolescentes: reportó 257 casos de reclutamiento en 2025, aunque advierte que la cifra real es mayor porque mucha gente no denuncia por miedo o por control armado. Desde 2017, el Sistema de Alertas Tempranas ha emitido 299 alertas sobre riesgos de enrolamiento de menores. Con estos datos, la Defensoría les está diciendo a los candidatos que no pueden separar derechos humanos del conflicto armado.

El tercer asunto es ambiente y territorio. Aquí conecta la protección de la naturaleza con el acceso al agua, la comida en la mesa, la salud y la estabilidad de las comunidades. Menciona la deforestación, las economías ilegales, la minería sin control y cómo el cambio climático está destrozando zonas especialmente vulnerables. El cuarto punto es la transformación rural, porque según la Defensoría, el Estado sigue en mora con brechas enormes en acceso a tierra, justicia agraria y desarrollo territorial. Conecta esto con la implementación real de la reforma rural integral y con la necesidad de reglas claras para resolver conflictos agrarios en regiones donde la violencia y la ausencia del Estado siguen siendo lo de todos los días.

El documento llega además en un momento en que la Defensoría viene haciendo seguimiento al clima electoral. En febrero, junto con la Misión de Observación Electoral, reportó avances en cumplir el compromiso por elecciones libres y en paz, especialmente en el uso de lenguaje no violento y la información verificada.

Lo que toca ahora es ver si esta agenda de verdad entra en la campaña presidencial o termina siendo un documento más guardado en un archivo. La Defensoría dejó el mensaje claro: el próximo gobierno también será medido por cómo responda a estas cuatro urgencias en derechos humanos.