Defensoría en La Guajira alerta sobre exclusión de wayuu y afros en decreto de la Línea Negra

La defensora del pueblo en La Guajira, Nayke Pimienta Reverol, cuestionó el nuevo decreto que protege la Línea Negra y sus sitios sagrados, argumentando que comunidades wayuu y afro no fueron incluidas adecuadamente en la cartografía ni en la consulta previa. Advirtió que la iniciativa tiene "muchos vicios" y puede generar tensiones sociales y conflictos territoriales. También criticó la denominación "Línea Negra" por considerarla jurídicamente ambigua y propuso alternativas como "línea intercultural".
En un evento realizado en Riohacha con participación del Ministerio del Interior, pueblos indígenas y la Procuraduría General de la Nación, la defensora del pueblo en La Guajira salió al paso del nuevo decreto destinado a proteger la llamada Línea Negra y sus 348 sitios sagrados ubicados en Magdalena, Cesar y La Guajira. Nayke Pimienta Reverol no se guardó sus cuestionamientos y fue directo: las comunidades wayuu y afro quedaron por fuera del proceso.
La defensora fue especialmente crítica con la construcción del decreto. Señaló que el pueblo wayuu no fue tenido en cuenta en la cartografía y que a las comunidades afro "no se les hizo consulta previa". Su conclusión fue contundente: "Tiene muchos vicios el decreto". Pimienta Reverol también expresó inquietud por la velocidad con que se está impulsando la norma, considerando que hay antecedentes recientes de intentos que fueron anulados, lo que podría abrir la puerta a nuevos cuestionamientos legales.
Otro aspecto que preocupó a la defensora es el término mismo usado en el decreto. Considera que "Línea Negra" es una denominación ambigua y carece de claridad jurídica y técnica. Por eso, evaluó positivamente la posibilidad de cambiar el nombre a algo como "línea intercultural" o "línea interétnica", que resultaría más comprensible para la población.
Lo que realmente inquieta a Pimienta Reverol es el posible desequilibrio que podría generarse. El decreto avanzaría en la protección de ciertos pueblos, pero sin mecanismos claros para armonizar derechos con otros grupos étnicos y comunidades que históricamente viven en estos territorios. Su advertencia fue clara: "Esta situación puede generar tensiones sociales, conflictos territoriales y escenarios de incertidumbre jurídica, especialmente en regiones como La Guajira".
La defensora reconoció que proteger los derechos de los pueblos indígenas es un mandato constitucional, pero insistió en que debe hacerse bajo principios de inclusión real, participación amplia y equidad. En su análisis del borrador, observó que "se ha desdibujado el derecho a la igualdad". Su mensaje de cierre fue una invitación a construir estas decisiones normativas con mayor concertación y respeto integral por todas las comunidades involucradas.
Fuente original: Guajira News


