Hace cuatro meses la Defensoría del Pueblo encendió las alarmas sobre los riesgos electorales que acechan a los municipios más vulnerables del país. Ahora, con un informe de seguimiento en la mano, la defensora Iris Marín vuelve a insistir en lo mismo: el Estado no está haciendo su tarea. Las recomendaciones que lanzaron entonces siguen sin cumplirse como se debe, y el tiempo se agota para las elecciones de 2026.

Los números no mienten. El Índice de Respuesta Estatal no supera el 65 por ciento en la mayoría de casos, y en algunas recomendaciones específicas el avance es del cero por ciento. Lo peor es que la situación no mejora, sino que empeora. Cuando salió la alerta inicial, había 433 municipios en categoría de Acción Prioritario. Ahora son 433. Los de Acción Urgente pasaron de 162 a 168. Y los de Acción Inmediata, los más graves, subieron de 62 a 69. Eso significa que cada vez hay más territorios donde la participación política corre peligro.

Uno de los casos más preocupantes es el pago de la reposición de votos de 2023. La Defensoría pidió al Consejo Nacional Electoral que lo hiciera como medida para fortalecer los movimientos políticos, pero hasta ahora no hay ni cronograma ni explicaciones sobre el retraso. El avance es cero. La Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, que debería articular a todas las instituciones desde el Ministerio del Interior, solo ha avanzado un 29 por ciento. En cuanto a la Fuerza Pública, su cumplimiento llega al 65 por ciento, que la Defensoría considera insuficiente tratándose de seguridad electoral.

El quid del asunto está en la falta de coordinación. Las instituciones no se hablan entre sí, y eso debilita toda la gobernanza. Mientras tanto, en territorios como las zonas Citrep y donde merodean actores armados ilegales, candidatos y líderes sociales siguen sin garantías básicas de seguridad. Hay amenazas contra quienes quieren participar en política, barreras para acceder a la justicia cuando cometen delitos electorales, y vulneración de derechos políticos que nadie está resolviendo de verdad.

Frente a esto, la Defensoría no se queda de brazos cruzados. Acaba de lanzar seis nuevas recomendaciones enfocadas en mejorar la coordinación de respuesta rápida, garantizar medidas de disuasión y seguridad, proteger a candidatos y población en riesgo, impulsar investigaciones contra delitos electorales, reforzar la confianza ciudadana y mejorar los mecanismos de vigilancia. Pero el mensaje es claro: "el margen de tiempo para corregir las falencias identificadas es cada vez más reducido". Las elecciones de 2026 no están tan lejos, y la legitimidad democrática del proceso depende de que se actúe ya.