Con las urnas abiertas en todo el país durante la segunda vuelta presidencial, la Defensoría del Pueblo envía un mensaje de confianza institucional. Iris Marín, la defensora, expresó "mucha tranquilidad y mucha confianza en que las instituciones van a poder garantizar una jornada de votación tranquila", aunque reconoce que como en todo proceso electoral existen riesgos que el Estado está en capacidad de manejar a través de las coordinaciones establecidas.

Para respaldar esa confianza con hechos, la Defensoría despliegó un dispositivo de vigilancia considerable. Según Marín, "vamos a tener a más de 2.300 personas, incluyendo funcionarios, funcionarias, defensores y defensoras públicas" repartidas en miles de mesas de votación trabajando junto con la Procuraduría y las Personerías. Este acompañamiento no termina cuando cierran las urnas, sino que se intensifica precisamente en ese momento crítico.

Desde Bogotá, Marín hizo un llamado especial a la madurez política de los líderes del país. Recordó que "el mejor acto de democracia es votar" y pidió que cualquier manifestación o protesta se haga "con tranquilidad dentro del marco pacífico". Más directo aún, invitó a "todos los líderes políticos, a los 2 candidatos presidenciales a que den ese parte de tranquilidad, de que van a reconocer las elecciones y de que este es un proceso democrático que no nos va dividir como país". El candidato Iván Cepeda ya respondió formalmente, comprometiéndose a tramitar cualquier inconformidad exclusivamente por las vías institucionales.

A pesar de que la campaña generó sus tensiones naturales, como el cruce de arengas entre simpatizantes en Teusaquillo, Bogotá, la Defensoría estará atenta para evitar que estos roces escalen hacia hechos violentos. El panorama se complica en algunas regiones donde grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo ejercen presión. En Antioquia, Nariño, Valle del Cauca y Cauca se han monitoreado al menos 40 incidentes de "carnetización" (prácticas de control sobre el voto).

Sin embargo, Marín matizó la gravedad del panorama al señalar que estas prácticas "inclusive en aquellos lugares... sigue habiendo libertad democrática". Los municipios donde hay cuestionamientos sobre los resultados representan apenas el 0.08% de los electores colombianos. Aun así, la defensora fue enfática en que en una elección cerrada, cada voto cuenta y el Estado debe garantizar que el derecho a votar de cada colombiano sea protegido.