La Defensoría del Pueblo acaba de encender las alarmas en Maicao. Emitió una alerta temprana de riesgo inminente para el municipio guajiro y sus zonas rurales, advirtiendo sobre la grave amenaza que enfrenta la población civil por la expansión territorial de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, grupo que busca consolidar su control sobre corredores estratégicos y economías ilegales en la región.

Lo que está pasando en Maicao es complejo. No se trata de un solo grupo armado, sino de una convergencia peligrosa de actores que se disputan el territorio. Las ACSN intentan afianzar su presencia en el casco urbano y corregimientos como Carraipía, La Majayura y Paraguachón, lo que ha generado fricciones con el ELN, guerrilla que históricamente ha dominado las zonas rurales. A esto se suma una disputa violenta entre las bandas criminales Los Rafita y Los Payasos, complicada además por la llegada reciente de La Banda del Oso. En Paraguachón, el ELN y la Segunda Marquetalia se reparten el control sobre las trochas, esos pasos fronterizos informales como La 80 y La Cortica, por donde circulan rentas ilegales hacia Venezuela.

La violencia es real y documentada. El 9 de enero de este año, cinco jóvenes fueron asesinados en el barrio Altos de Parrantial. El 12 de abril, hombres armados mataron a cinco personas, entre ellas dos menores de edad, en Villa Mery. Además, circulan en redes sociales videos intimidatorios con actos de tortura que funcionan como forma de control social.

Lo más preocupante es que estos grupos han establecido lo que la Defensoría llama una "gobernanza armada ilegal". Básicamente, dictan las reglas de la vida cotidiana: imponen normas de conducta, cobran extorsiones a comerciantes y mototaxistas, y restringen la movilidad en zonas fronterizas. Las ACSN se presentan ante la comunidad como garantes de orden para ganar aceptación, mientras que en la práctica controlan a través del terror y la coacción.

El pueblo wayúu es especialmente vulnerable. Sus autoridades tradicionales y territorios sufren constante vulneración por el tránsito de actores armados. También están en peligro los niños y adolescentes, reclutados por estos grupos para actividades ilícitas, así como la población migrante y los líderes sociales, quienes enfrentan amenazas, estigmatización y desplazamiento forzado.

Maicao es un punto fronterizo estratégico con Venezuela que históricamente ha facilitado la presencia de grupos armados con capacidad de ejercer control territorial. Esa geografía, combinada con el tránsito de personas, mercancías y economías ilegales, lo convierte en un territorio disputado.

La Defensoría formuló 18 recomendaciones urgentes dirigidas a los ministerios del Interior y de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación de La Guajira y la fuerza pública, con el fin de garantizar la protección de los derechos humanos. Ahora depende de que estas instituciones actúen con la celeridad que la situación exige.