La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas por la intensificación del conflicto armado en el Catatumbo y el sur del Cesar. Desde enero de 2025, cuatro municipios viven bajo el fuego cruzado de grupos ilegales: Ocaña y Ábrego en Norte de Santander, y Río de Oro y González en Cesar. La situación es tan grave que la entidad advierte sobre una crisis humanitaria sin precedentes, con miles de civiles atrapados en la mira de organizaciones criminales que disputan el territorio.

Según la Defensoría, el conflicto responde a tres dinámicas claras. Primero, hay una articulación entre las disidencias del Frente 33 —ligadas al Estado Mayor de Bloques y Frente— y Los Pelusos, quienes chocan contra el Ejército de Liberación Nacional. Segundo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada avanzan hacia el sur del Cesar buscando controlar lo que ellos consideran corredores clave, como la Ruta del Sol, además de rentas criminales del narcotráfico y la minería ilegal. Tercero, hay una urbanización de la violencia en los límites entre Ocaña y Río de Oro, donde enfrentan al Ejército Gaitanista de Colombia.

El mapa del riesgo dibuja una geografía del miedo. En Ocaña, zonas como Cerro de las Flores, Quebrada La Esperanza, La Floresta y varios corregimientos están en la mira. En Ábrego, la amenaza llega hasta la cabecera municipal. La Defensoría documentó algo particularmente preocupante: "Los grupos armados ilegales están ejerciendo una fuerte gobernanza armada sobre la población civil mediante controles en vías secundarias, retenes ilegales, requisas y la imposición de 'normas de conducta'". No es solo violencia puntual, es control total de la vida cotidiana.

Los métodos de guerra se han vuelto más sofisticados y crueles. "La Defensoría ha documentado graves infracciones al DIH que incluyen el uso de métodos de guerra prohibidos, como drones acondicionados con artefactos explosivos en los sectores Cerro de las Flores y Quebrada La Esperanza", advirtió la institución. Además, hay campañas de estigma digital contra lideresas sociales y mujeres, acusadas falsamente en redes sociales de colaborar con grupos armados para neutralizar su voz política.

Los números hablan de un desastre humanitario. En solo los primeros meses de 2025, Ocaña recibió a 18.538 personas desplazadas, equivalentes a 4.851 familias que huyeron del Catatumbo. Detrás de cada cifra hay historias de gente que dejó todo atrás.

Los más vulnerables cargan con lo peor. Niños, niñas y adolescentes enfrentan amenazas de reclutamiento forzado, explotación en actividades criminales y abuso sexual. Las mujeres, comerciantes, transportadores y ganaderos son blancos de extorsiones y secuestros. También están en peligro quienes firmaron el Acuerdo de Paz, porque en medio de esta escalada son víctimas reiteradas de la violencia que prometía haber terminado.