La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas en el departamento de Nariño. Acaba de emitir una alerta temprana de inminencia para los municipios de El Peñol y El Tambo por la escalada de violencia que vive la región. El motivo principal: grupos armados ilegales han comenzado a usar drones modificados con explosivos en sus enfrentamientos, una situación que pone en riesgo a la población civil.

Según el análisis de la Defensoría, hay dos dinámicas de violencia que mantienen en tensión estos municipios. La primera es la disputa territorial por el corredor vial de Guambuyaco, una ruta estratégica que conecta municipios de la cordillera Occidental y que los grupos armados aprovechan para controlar el narcotráfico. En ese corredor, el frente Franco Benavides está intentando expandir su control, lo que genera enfrentamiento con otros grupos como los Comuneros del Sur y las Autodefensas Unidas de Nariño.

La segunda dinámica, catalogada como de extrema gravedad, es precisamente el uso de esos sistemas aéreos no tripulados. Según la entidad defensora, estos drones modificados "adelantan un proceso de expansión que choca con el control hegemónico y la coexistencia que mantienen los Comuneros del Sur y el grupo de crimen organizado Autodefensas Unidas de Nariño". Los ataques se han enfocado en estaciones de Policía y sedes administrativas como la Alcaldía de El Peñol, principalmente durante noviembre y diciembre del 2025.

Lo más preocupante es que estos ataques ocurren en horarios laborales dentro de los cascos urbanos, afectando a civiles indiscriminadamente. La Defensoría reporta que han muerto civiles en estos ataques, además de homicidios selectivos y el desplazamiento forzado de 124 familias indígenas que huyeron desde El Peñol hacia Pasto hace unos meses.

Los grupos armados también ejercen control total sobre la zona mediante vallas, banderas y mensajes por WhatsApp donde imponen reglas de conducta. Están coacionando a la población para que organice guardias campesinas que bloqueen acciones de la Fuerza Pública. Los niños, niñas y adolescentes están en riesgo de ser reclutados de manera forzada, mientras que la población indígena sufre amenazas a su autonomía. Los campesinos y rurales, por su parte, enfrentan territorios contaminados con minas antipersonal y restricciones para moverse.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo 16 recomendaciones. Le pidió al Ministerio del Interior coordinar una respuesta inmediata, mientras que al de Defensa le exigió implementar estrategias antidrones y desminado en la zona. A la Unidad Nacional de Protección y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar les ordenó fortalecer protección para líderes sociales, comunidades indígenas y menores. También solicitó a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz verificar el cumplimiento de acuerdos especiales de desminado y no reclutamiento, y a la Gobernación de Nariño que destine recursos financieros y asistencia técnica para que ambos municipios implementen proyectos de prevención.